El peso de la población

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplan un incremento de la inversión pública del 7,2% hasta alcanzar el 2% del PIB. Se trata, según dice, del "mayor esfuerzo de los últimos 10 años". Todo un anuncio ante lo que va a ser una de sus principales pruebas. En estas cuentas se deben plasmar sus principales compromisos. Y estamos en el momento procesal oportuno para comprobar si es cierta o no su apuesta por Andalucía. En la Junta deben estar muy atentos. Manuel Chaves ya lanzó su mensaje, ahora y antes, con el Gobierno del PP: el esfuerzo inversor que se ha de realizar en esta tierra tiene que ir en razón al peso de su población. Si Andalucía supone algo más del 17% del total de habitantes del país, por esas cifras debe ir rondando la aportación inversora de Madrid.

Los socialistas recuerdan que a lo máximo que ha llegado el PP es a un 14%. Es hora, por tanto, de que se visualice que se ha producido un cambio sustancial en La Moncloa. No sólo basta con el pago de la liquidación de lo que se adeudaba por la participación en los ingresos del Estado. Esos 2.500 millones de euros no deben impedir que el ejecutivo central incremente sus fondos para Andalucía. Sin embargo, más de una resistencia habrán encontrado en el camino. Hay quien piensa que después de la entrega de tan importante suma de dinero, Andalucía tiene que dejar de reclamar más inversiones. Es un planteamiento equivocado que de llevarse a la práctica se convertiría en otro atropello más. Así que no tiene porqué haber confusión alguna.

En todo caso, las relaciones con el "Gobierno amigo" van por tan buen camino que esta semana se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación entre Administración central y Junta. Acuden a la cita el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla y el Consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Ambos acordarán la retirada del 60 % de los contenciosos que mantienen ambas administraciones relacionados con la financiación autonómica, células madre, y un largo listado de pleitos producto de la falta de entendimiento con José María Aznar. Tratarán de establecer los mecanismos necesarios para una mejor relación institucional que evite llegar a los tribunales, como venía ocurriendo.

La reunión también con Jordi Sevilla, este lunes, para preparar el calendario y el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos y el inicio de los trabajos de la Ponencia para la reforma del Estatuto, dan cuenta de una cargada agenda que se desarrollará en paralelo a las nuevas movilizaciones de protesta que protagonizarán los trabajadores de los astilleros en la Bahía de Cádiz y Sevilla. A la espera del resultado final que nos depare el proceso negociador entre la SEPI y los sindicatos, esta nueva reconversión se afronta con argumentos más sólidos, a diferencia de otras ocasiones. Los socialistas subrayan que se llega a un punto de no retorno a consecuencia de las sanciones impuestas por Europa, pero con el principio claro de que se mantendrá la actividad y que no habrá despidos. Se cuenta ya con un pedido que viene a aliviar de manera sustancial algo la escuálida carga de trabajo del astillero de Puerto Real. Mientras tanto, los populares, que mantenían a los astilleros sin ninguna contratación civil desde hacía tres años, aprovechan la ocasión para arremeter contra Chaves al que le niegan "legitimidad para hablar con autoridad moral sobre este asunto", según el presidente del PP andaluz, Javier Arenas. Así están las cosas. Para nada se sienten responsables del problema que se han encontrado sin resolver los actuales gobernantes. De seguir así, no es de extrañar que el mismo Arenas llegue al extremo de hacer llamamientos a la huelga general y a encabezar las manifestaciones que se vayan a secundar en los próximos días. Por ganas seguro que no será.