El año de las demostraciones

El curso político andaluz ha empezado con un clara voluntad por parte de todos los partidos de poner en práctica lo discutido en el frenesí electoral del curso anterior (generales, autonómicas y europeas). Desde su mismo inicio, las propuestas de gran calado reformista se han ido amontonando en la agenda inmediata, sólo interrumpida por la irrupción en tromba de la crisis de los astilleros y los incendios del verano. El Gobierno de Manuel Chaves, que ha tomado la iniciativa, quiere demostrar que es posible dialogar y avanzar en transparencia con mayoría absoluta y que la oposición puede ejercer su control al Ejecutivo sin trabas ni cortapisas. También pretende evidenciar que las relaciones con Madrid han cambiado de manera radical y que con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa Andalucía sale beneficiada.

Chaves pretende que Andalucía tenga un papel clave en el nuevo modelo de Estado

La oposición ha dirigido su foco hacia el pago en este ejercicio de la deuda histórica

Los populares, con el retorno de Javier Arenas, se esforzarán por visualizar todo lo contrario: que la mayoría absoluta del PSOE es un rodillo y, sobre todo, que el discurso de la Andalucía maltratada por los gobiernos de José María Aznar, conocida con el sobrenombre de "la confrontación", ha sido únicamente una hábil estrategia socialista de rentabilidad electoral contrastada. Las minorías de IU y PA se suben igualmente al carro de las demostraciones: los primeros quieren probar que son la auténtica izquierda social y que su participación en la vida política no sólo es necesaria, sino imprescindible. Los segundos, que socialistas y populares se comportan de manera idéntica con Andalucía cuando alcanzan el Gobierno central.

La primera cita con esta carrera de verificaciones está a la vuelta de la esquina. A finales de mes, el Gobierno de Zapatero debe presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2005, en cuyas partidas tiene que quedar acreditada que la sintonía entre la Junta y el Estado se traduce también en dinero contante y sonante. La petición de Chaves es que el nivel de inversiones en Andalucía sea similar al peso de la población de esta comunidad en el conjunto del país, que es de un 17,8%, pero restados los territorios de régimen foral, el índice baja al 17%. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se muestra "confiado" en llegar a este porcentaje, y aprovecha para recordar que el techo alcanzado con los ejecutivos populares fue del 13,4%. Antes del verano, Madrid y Sevilla ya dieron dos golpes de efecto para hacer ver que no son lo mismo Zapatero y Aznar: el pago de 2.500 millones de euros en concepto de liquidación presupuestaria del modelo de financiación anterior -que, según fuentes socialistas, no contarán para computar el 17% de las inversiones que reclaman- y el traspaso de la Cuenca Hidrográfica del Sur, junto a otras transferencias.

En los próximos días la Comisión Mixta de Transferencias abordará un paquete de ocho competencias, con la cogestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como protagonista. También se producirá una reunión de la comisión bilateral de cooperación para avanzar en la retirada de recursos judiciales cruzados entre ambas administraciones, y firmar un acuerdo para eliminar al menos la mitad. Los contenciosos se refieren a la financiación autonómica, el medio ambiente o el trabajo con las células madre embrionarias.

En el bloque de las relaciones con el Gobierno central, la oposición ha dirigido su foco a la disposición adicional segunda del Estatuto, la llamada deuda histórica, que establece fondos excepcionales de financiación para la nivelación de los servicios básicos. En los últimos ocho años, Manuel Chaves se la ha exigido a los ejecutivos populares, y ha anunciado que volverá a hacerlo al Gobierno socialista, y que en los presupuestos andaluces incluirá los 120 millones de euros consignado por este concepto. No obstante, la discusión sobre la deuda trascenderá a la aprobación de los presupuestos generales de 2005, ya que la intención de la Junta es que se trate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el argumento de que se trata de un hecho diferencial andaluz.

Sin duda la figura estelar del curso político andaluz es la reforma del Estatuto de Autonomía. Tras dos años de debate abstracto, el cambio del texto ha tomado forma. En el último tramo de 2003, Manuel Chaves presentó un documento de base genérico y los grupos políticos han sellado el compromiso de impulsar los trabajos de la comisión parlamentaria de Desarrollo Estatutario para que al final del primer trimestre del año próximo haya ya un borrador, aunque otros dirigentes hablan de un semestre.

El presidente de la Junta tiene un especial empeño en que Andalucía lidere las reformas de los estatutos que han abierto otras comunidades autónomas, y que su papel sea determinante en el debate de la reforma de la Constitución y del modelo de Estado.

Los grupos parlamentarios tienen también sobre la mesa otras siete propuestas del presidente andaluz de impulso democrático: un nuevo reglamento de la Cámara autonómica, la igualdad de representación de hombres y mujeres en las listas electorales e instituciones, la lucha contra el transfuguismo, la creación del Consejo Audiovisual, el código de conducta para los altos cargos y las reformas de la Radio Televisión de Andalucía y del Consejo Consultivo. Junto a estas medidas, el Gobierno andaluz ha sumado la sugerencia, que en su día hizo el PP, de modificar también la ley de Publicidad Institucional, de manera que se pueda saber las campañas que contratan la Junta y las administraciones locales. En total, habrá que cambiar cinco leyes, y el reto es hacerlo antes de que se aprueben los presupuestos andaluces para darle cobertura económica. La oposición quiere tocar otras leyes, como las de Hacienda y Función Pública.