El Ayuntamiento de Rincón denuncia al ex alcalde por intentar apropiarse de un terreno

Hay en la costa de Málaga escándalos urbanísticos de diverso pelaje aunque es difícil que exista alguno comparable al que ayer denunció el alcalde de Rincón de la Victoria, José Domínguez, del PSOE. El Ayuntamiento ha remitido al juzgado un escrito en el que una funcionaria asegura que sorprendió al ex alcalde y concejal de la oposición José María Gómez, Pepín, manipulando el sello oficial del registro municipal y sellando unos papeles que acreditaban a su familia como dueños de una finca de unos 200.000 metros cuadrados y valorada en nueve millones. El ex alcalde afirma ser víctima de injurias.

La escena descrita por la encargada del registro de entrada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria no tiene desperdicio: "El cinco de agosto a mi regreso de desayunar, me encuentro en el registro de entrada al concejal José María Gómez Muñoz. Éste se encontraba utilizando el sello del registro, que previamente había variado su fecha a la del pasado 15 de junio (lo cuál él mismo me hizo saber), para sellar una serie de documentos". La funcionaria prosigue diciendo que le advirtió de la gravedad del asunto y que ante la indiferencia del ex alcalde decidió denunciar los hechos por escrito. Gómez Muñoz fue alcalde de Rincón entre 1995 y 2002 por el PP, que le expulsó ese año de sus filas. Desde 2003, gobiernan en coalición PSOE y PP. Gómez Muñoz es concejal en la oposición por un partido que creó.

El escrito de la funcionaria, del 6 de agosto, es la base de la denuncia que el Ayuntamiento de Rincón ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. El Ayuntamiento asegura que la denuncia responde a "la gravedad que puede tener para terceros la modificación de manera fraudulenta, de una fecha emitida por el registro de un centro oficial como es el Ayuntamiento".

200.000 metros cuadrados

Hasta aquí, la historia es simplemente chusca. Pero, ¿qué había en esos papeles? El Consistorio aporta copia de uno de los documentos. En él, Pepín aparece junto a cuatro familiares suyos en representación de otros 36 para que inscriban en el registro de la propiedad y gestionen, si quieren, la venta de la finca Los Jarales. El terreno tiene unos 200.000 metros cuadrados, dista un kilómetro del mar y está calificado como terreno urbanizable no programado (necesita algún trámite para edificar). El Ayuntamiento calcula que puede valer unos nueve millones de euros. Es un terreno abrupto y es uno de los pocos de la zona que no está urbanizado.

La finca no está registrada a nombre de nadie. Ocurre con muchos terrenos, ya que la inscripción en el registro es voluntaria. Para hacerlo hay que aportar la escritura. Si no se tiene (como en este caso) hay que realizar un expediente de dominio, un trámite en el que un juez, tras escuchar a vecinos, dueños colindantes y hacer anuncios en prensa y en el Ayuntamiento, decide otorgar la propiedad a una familia, si ha quedado demostrado que pertenecía a sus antepasados. La familia asegura que un abuelo del ex alcalde ganó la finca en una timba de naipes. El Ayuntamiento afirma que desconoce quienes son los dueños del terreno.

El actual alcalde, José Domínguez, afirma que la intención del ex edil era impedir que alguien pudiera reclamar: "Él adelantaba la fecha de la petición de registro con lo cual, si alguien quería reclamar, el plazo de alegación ya había pasado. Además, no dejaba copia de los documentos, así que hubiera parecido que nosotros los habíamos perdido". Y va más lejos: "Si hubiera conseguido su propósito, podría vender la finca y luego no habría nadie a quien reclamarle porque el comprador lo hubiera hecho con los papeles en regla".

Un notario que prefiere no dar su nombre afirma que, de ser cierta, la actuación del alcalde sería, como mínimo, un acto de falsedad en documento público. Éste afirma que el hecho de ser concejal es agravante.