La Junta adoptará medidas contra el fraude en VPO en la nueva ley

"Esto no es Madrid". Con esta frase, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, justifica el que en Andalucía no esté previsto el despliegue de inspectores -como en esa comunidad- para evitar la venta y el alquiler fraudulento de viviendas de protección oficial (VPO). La Junta prepara una nueva Ley de Vivienda, que aprobará de inmediato el Consejo de Gobierno, que contemplará leyes que impidan ese fraude.

La Junta de Andalucía es consciente del problema existente en la región con las VPO y su "tráfico" ilegal. Por ello, la consejera está dispuesta a introducir el debate de inmediato en la vida parlamentaria andaluza y buscar soluciones, algunas de las cuales ya están diseñadas.

En primer lugar, Concepción Gutiérrez, tiene claro que no piensa poner "un vigilante a cada comprador de vivienda protegida". Se desecha así la idea de contar con un plantel de inspectores que controlen el fraude, como se ha organizado en la Comunidad de Madrid.

El mayor volumen de VPO en la capital y el régimen de promoción (en Madrid, las promueven principalmente cooperativas), aconseja que en nuestra Comunidad, el control del fraude se realice mediante la aplicación del derecho de tanteo y el sorteo público de las promociones, entre otras medidas.

La consejera aseguró que el debate de este problema "se pondrá sobre la mesa a finales de este mes". La Junta prepara una nueva normativa, amparada en la nueva Ley de Vivienda, que hará más difícil el fraude sin necesidad de poner en marcha un cuerpo de inspectores que, por el volumen que en Andalucía se maneja, sería de dudosa efectividad. Por ejemplo, a partir del uno de enero será necesario haber realizado un sorteo público y oficial previo para que un constructor obtenga de la Junta la calificación de VPO. Con ese sorteo, con la publicidad que conllevará y la acción controladora de los propios vecinos y, especialmente de las asociaciones de consumidores, se conseguirá evitar el fraude en la compra-venta de viviendas VPO.

Además, la Consejería de Obras Públicas también cuenta con otro instrumento ya en uso, como es el derecho de tanteo, y que permite a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) hacerse con una vivienda que pudiera estar en venta por un precio superior al precio oficial tasado para una VPO. Este instrumento, unido a la publicidad, surtirá efecto preventivo ante las intenciones defraudadoras de algún propietario de VPO.

El control del fraude también se conseguirá, además de con la publicidad de las adjudicaciones, con el cruce de datos por parte de la administración. Concretamente se controlará el destinatario de la vivienda y esos datos se cruzarán con los referidos a los del recibo de la luz o el agua. Se trata de que las VPO no sean alquiladas de forma irregular o sean vendidas a precio de vivienda libre antes de los 15 años que marca la ley para la desprotección pública.

Precisamente, este asunto fue discutido el pasado lunes en Granada, en la reunión del Consejo de Dirección de Obras Públicas. Las reformas que recogerá la nueva Ley de la Vivienda pretenderán "evitar la especulación mediante medidas como el sorteo previo a la adjudicación y la calificación de la obra de VPO y la publicidad sobre la persona que ha resultado beneficiada por la adjudicación de una vivienda protegida".

El principal objetivo es evitar el fraude. A ello también ayudará promover en Andalucía "un mayor rigor en las consecuencias jurídicas de que alguien que no puede transferir esa vivienda pierda la propiedad en beneficio de la administración pública, que tendría las manos libres para volverla a adjudicar por el precio que fijen los expertos en cada municipio para este tipo de viviendas". Esta medida también sería aplicable a los ayuntamientos, cuando éstos sean los promotores de VPO.

La Junta calcula que una sexta parte del 1,3 millones de primeras viviendas existentes en nuestra región son protegidas.