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Los jueces anulan parte del presupuesto de Majadahonda del ejercicio 2001

El Tribunal Superior de Madrid ha dictado una sentencia en la que declara ilegal y "no ajustado a derecho" que el Ayuntamiento de Majadahonda financiase un 60% de sus inversiones del ejercicio 2001 con fondos del Patrimonio Municipal del Suelo. La ley impone que el dinero de este fondo sea destinado a fines de interés social relacionados con la vivienda (por ejemplo, a la construcción de casas de protección pública) o bien a ampliar el propio fondo.

El Ayuntamiento, entonces gobernado por el dirigente de los populares madrileños Ricardo Romero de Tejada, usó parte de ese fondo para menesteres distanciados de lo que marca la ley. Las promotoras de vivienda están obligadas a ceder a los ayuntamientos un 10% del suelo que vayan a utilizar para sus promociones. Y tienen dos opciones: entregar el 10% del suelo físico o abonar en metálico el valor de ese 10%; el dinero debe ir a parar al citado fondo.

La Ley del Suelo abre la posibilidad de que estos recursos también puedan ser destinados "a fines de interés social" relacionados con el suelo. A esto último se agarró el Ayuntamiento para, por ejemplo, sufragar con este dinero reformas en el edificio consistorial y el arreglo de los vestuarios del polideportivo municipal.

El PSOE de Majadahonda advirtió entonces de que ello era ilegal, pero como no le hicieron caso acudió a los tribunales. Los jueces sentencian que la ley que regula estos fondos es "muy clara" y que, "por muy loables y razonables que sean" los fines en los que el Ayuntamiento invirtió ese dinero, no son los "expresamente" regulados en la norma.

"Más ejercicios en peligro"

Guillermo Aguillaume, el letrado que interpuso la demanda ante los tribunales, destaca que igual suerte que los de 2001 -la anulación parcial "por ilegales"- pueden correr las inversiones presupuestadas en los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, ya que todas ellas contienen partidas financiadas con estos fondos y no destinadas al fin -"de distribución social de riqueza"- que impone la ley. "Las dudas jurídicas que les pudieran caber a los concejales de la mayoría que vienen promoviendo este sistema de inversiones ya están despejadas: lo que hacen es ilegal y no cabe en derecho", razona Aguillaume.

Ricardo Núñez, portavoz del grupo municipal del PSOE, indicó que las inversiones municipales extraídas de este fondo "han ido a más desde 2001". Núñez lamentó la escasez de viviendas sociales que promueve el Ayuntamiento. "Aquí se hacen viviendas sociales, si es que se las puede llamar así, pero se podrían hacer 800 veces más si el dinero se invirtiera correctamente".

El actual alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP, era concejal de Urbanismo en 2001. Un portavoz municipal señaló ayer que el Ayuntamiento no tenía constancia oficial de la sentencia y que, por tanto, no podía pronunciarse.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de septiembre de 2004