Caldera ofrece un pacto a los grupos para regularizar a inmigrantes con oferta de trabajo

Jesús Caldera, ministro de Trabajo, acudirá hoy al Congreso de los Diputados para ofrecer un consenso a los grupos parlamentarios sobre la política de inmigración y la regularización -"normalización selectiva", según el Gobierno- de aquellos inmigrantes residentes en España que presenten una oferta de trabajo en firme. Caldera reserva el Reglamento de Extranjería, donde se detallarán los mecanismos para la obtención de permisos hasta su discusión con los agentes sociales. En el Congreso, buscará pulsar cuál es el común denominador de los partidos sobre la base que debe inspirarlo.

Este afán de consenso no ha impedido que el ministro, tras los ataques del PP a su gestión, acuda al debate pertrechado de datos y argumentos para intentar demostrar que el Gobierno de Aznar mantuvo un duro discurso oficial pero, de hecho, facilitó masivas regularizaciones encubiertas con requisitos mínimos.

La receta que ofrecerá hoy Caldera para arreglar el problema de los miles de inmigrantes sin papeles pasa por vincular su regularización a su inserción real y oficial en el mercado de trabajo y no a una mera "oferta de trabajo", como permitía el PP. La fórmula para su concreción y el tiempo que se exija para su concesión son asuntos que, previsiblemente, no cerrará hoy sino que se dilatarán hasta su debate con los grupos políticos y los agentes sociales.

Papeles para todos

El ministro y el PSOE van preparados para intentar minar el discurso de ataque del PP a su política de inmigración. La reciente revisión de 100.000 expedientes para renovar el permiso de trabajo de extranjeros por el departamento que dirige Jesús Caldera ha sido considerada como un "papeles para todos encubierto", en palabras de la diputada popular Ángeles Muñoz.

Sin embargo, según el Gobierno, las mayores regularizaciones de extranjeros se han producido bajo mandato del PP y, en buena parte, mediante procedimientos o extraordinarios o con escasas exigencias. Desde que entró en vigor la ley 7/1985, de derechos y libertades de los extranjeros en España, hasta la actualidad, se han realizado cuatro procesos de regularización de extranjeros en los años 1986, 1991-1992, 2000 y 2001.

Pero junto a estos procesos ordinarios, se han producido otros extraordinarios: en 1996 se aplicó el plan de "redocu-mentación", que supuso la concesión de 21.294 permisos sobre 25.128; en 2001, se realizó una operación extraordinaria de documentación de ciudadanos ecuatorianos (20.352 resoluciones positivas sobre 24.884 peticiones) y, ese mismo, año se volvieron a estudiar las resoluciones negativas del proceso de regularización de 2000 (36.103 concedidos sobre 57.616 reclamados). También en 2001, en virtud del "proceso de documentación por arraigo", obtuvieron permiso de residencia otros 239.174 inmigrantes sobre 351.439 peticionarios. "En total, en dos años, 626.687 personas han obtenido autorización de residencia y/o trabajo en base a procesos extraordinarios de regularización", según informes que maneja el PSOE.

"Las cifras señalan de forma inequívoca que, para la mayor parte de los ciudadanos extranjeros, la fórmula de residir y trabajar en España ha consistido hasta el momento en llegar de forma irregular o utilizando visado de turista, permanecer en la irregularidad durante algún tiempo y obtener documentación cuando tenía lugar un proceso de regularización o se convocaba un contingente de trabajadores", señalan dichos informes.

Los criterios impartidos en junio de 2001 por el entonces delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, dependiente del ministro del Interior, Mariano Rajoy, para incorporarse al proceso de regularización era que el inmigrante residiera en España antes de enero de dicho año. El Gobierno del PP consideró entonces probatorios elementos como un certificado médico emitido en impreso oficial, a pesar de que la propia instrucción de Fernández-Miranda a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno advertía de su fácil falsificación.

Los tratamientos médicos o recetas se consideraban "una prueba más a valorar en el conjunto del expediente". También tenían valor probatorio los certificados o informes emitidos por asociaciones, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, "siempre que existiera constancia documental de que el solicitante hubiese participado en la realización de tales programas o actuaciones". El Ejecutivo del PP, a fin de probar el arraigo, admitía "los certificados bancarios de envío de dinero, contratos de suministro de luz, agua, etc.".

Incluso, se consideraba una prueba de arraigo un billete o tarjeta de embarque con destino a España. También el PP introdujo cuando gobernaba requisitos relacionados con la incorporación "real o potencial al mercado de trabajo" para la regularización. Fernández-Miranda lo precisó así: "Una oferta de empleo". El Gobierno socialista exigirá una oferta en firme con alta previa en la Seguridad Social.