Argentinos contra la impunidad

Pocas palabras tienen un significado tan claro para los argentinos cuando hablan de política. Impunidad es mucho más que una sensación que invade en estos días el ambiente en Buenos Aires, donde no se ha digerido el mazazo que ha supuesto la reciente absolución de todos los imputados por el atentado terrorista de hace 10 años contra la mutual judía (AMIA), el más sangriento de la historia del país.

Ante la incapacidad de la justicia para dar con los autores de aquella matanza, los familiares de las 85 víctimas apuntan ahora a los máximos responsables políticos de la época. Miles de argentinos salieron el miércoles por la noche a la calle para expresar su indignación por una sentencia que confirma la fragilidad de la investigación en un juicio que duró tres años. A falta de pruebas concluyentes, dijeron los tres jueces, los 22 imputados quedan absueltos. Para valorar el fallo judicial en toda su dimensión habrá que esperar hasta el 29 de octubre, fecha en la que los magistrados darán a conocer los fundamentos de su decisión.

Para los manifestantes, habría que investigar a miembros del Gobierno de Carlos Menem

De momento, los familiares de las víctimas y las distintas organizaciones de la comunidad judía coinciden en que desde las más altas esferas del Estado argentino hubo entorpecimiento a la investigación. La misma sentencia de la semana pasada menciona algunos nombres, como el del ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex jefe de los servicios secretos (SIDE) Hugo Anzorreguy. Para los oradores y los manifestantes en el acto del miércoles hay otros nombres que hay que investigar.

El más coreado y abucheado fue el de Carlos Menem, presidente de la República cuando se produjo el atentado a la AMIA. El antiguo ministro del Interior Carlos Ruckauf, el ex secretario de Seguridad Andrés Antonietti, y el ex director de Migraciones Hugo Franco figuran en la lista de sospechosos de encubrimiento, según los familiares y abogados de las víctimas.

El juez Juan José Galeano, apartado de la causa tras nueve años de ser subinstructor, será objeto de un juicio político por el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad en el soborno del procesado Carlos Telleldín para que declarara contra policías bonaerenses.

Nadie duda, en las filas de los familiares de las víctimas y de la acusación, de que el servicio de espionaje es uno de los principales sospechosos en el encubrimiento de la llamada "conexión local".

El periodista Nelson Castro, uno de los oradores en el acto del miércoles, lo resumió con estas palabras: "Todo lo que sabemos de la investigación es mentira. Se armó una trama desde el Estado para tapar la verdad; Menem la armó y los que vinieron después no tuvieron mucha voluntad de desarmarla".

La abogada querellante Marta Nercellas está convencida de que el atentado tenía que ver con el conflicto de Oriente Próximo, y acusa a dirigentes iraníes con nombres y apellidos -el ex presidente Alí Jamenei y el ex embajador en Buenos Aires Hadi Soleimanpur, entre otros- de haber participado en una reunión en Teherán, donde supuestamente se planificó la acción terrorista.

Asegura que Israel colaboró con Argentina en un primer momento hasta que dejaron de confiar en los servicios de seguridad y de información argentinos. Israel investigó el atentado por su cuenta, sostiene Nercellas, pero nunca notificó sus conclusiones a las autoridades de Buenos Aires.

Los familiares reclaman una comisión investigadora independiente para dar con los autores del atentado, y el Gobierno de Néstor Kirchner estudia la posibilidad de poner en pie una especie de Conadep (la comisión que investigó los desaparecidos de la dictadura) de la AMIA con personalidades independientes. Sin embargo, el poder Ejecutivo podría resultar salpicado en la sentencia, en lo que se refiere a la controvertida SIDE.

"Se ha dejado a cargo de la SIDE a la persona que cometió las mayores irregularidades en la investigación, Jaime Stiusso, principal operativo de esta institución, el hombre de confianza del Gobierno", advierte la abogada Nercellas.

La sentencia ha reavivado el sentimiento de indefensión de la ciudadanía y ha recordado lo vivido en la época menemista, cuando conductas tan deleznables como el crimen, la violación de derechos humanos, el robo, la corrupción o el enriquecimiento ilícito quedaron sin castigo.