Primera conclusión de la comisión

Una de las conclusiones de la Comisión de investigación del 11-M podría ser que, en el futuro, hay que modificar el funcionamiento de las comisiones parlamentarias de investigación. Desde lo puramente simbólico hasta los mecanismos de arranque.

Por ejemplo, es un disparate que en las comisiones españolas el compareciente tome asiento en una tarima, presidiendo la sesión, mientras que los diputados que investigan se sitúan en un plano claramente inferior. En el resto del mundo se invierten los papeles... y el simbolismo.

Los mecanismos de arranque del sistema español son también defectuosos. El mandato para investigar el 11-M aludía a un genérico y farragoso propósito de "esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo y los antecedentes y consecuentes que resulten coherentes con esa finalidad", "así como los acontecimientos anteriores y posteriores vinculados con los atentados y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado".

El mandato de la Comisión sobre el 11 de Septiembre, por citar un atentado del mismo origen, especificaba de forma más directa que la investigación afectaba a todos los datos y circunstancias "relacionados con servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, diplomacia, inmigración, control de aduanas y permisos de residencia así como de atribución de recursos" y tráfico bancario. Y cuando los diez miembros de la Comisión 11-S se sentaron a oír las declaraciones de los comparecientes, ya disponían de un amplísimo material, ordenado, relacionado y comentado por un numeroso grupo de asistentes y expertos.

Este sería, quizás, uno de los mecanismo fundamentales a estudiar para el futuro. En el caso de la Comisión del 11-M, ya no se puede volver atrás. Pero, aun reconociendo todo eso, sus integrantes deberían hacer un esfuerzo y preguntarse si han hecho lo posible para que, gracias a su trabajo, España sea "más segura, más fuerte y más sabia" que antes de su informe. Tómense el tiempo que haga falta, dos meses o seis, pero si al final de todo no pueden contestar afirmativamente a esa pregunta, deberían pensar en retirarse de la política. Uno por uno.

Se haga con el apoyo que se haga, sería un insulto para los ciudadanos que se nos pretendiera tranquilizar con una amplísima lista de recomendaciones genéricas del tipo "mejorar la comunicación entre la Guardia Civil y la Policía", "potenciar el conocimiento de los medios islámicos", "ampliar el número de traductores de árabe" o "tomar medidas para evitar la financiación del terrorismo". Todo eso ya se nos hubiera ocurrido a nosotros solos, a simple ojo y sin necesidad de Comisión ni de varios meses de trabajos. En lugar de un grupo parlamentario hubiera bastado con una encuesta entre los propios y sensatos ciudadanos.

Lo que necesitamos es una lista completa de errores (dónde y cómo se produjeron) y una lista de recomendaciones para hacer frente a esos fracasos concretos, lo bastante minuciosa como para infundirnos confianza. Necesitamos una lista que fije plazos para el desarrollo de compromisos concretos.

El Partido Popular no quiere que se diga que entre el 11-M y el 14-M al Gobierno de José María Aznar (o a una parte de él) se le nubló el intelecto ante la creencia de que, con el atentado, ya no era inevitable perder la mayoría absoluta, como le auguraban los sondeos. No quieren que se diga que la avaricia les rompió el saco. Bueno. Pero lo que no tiene sentido es que los representantes del Partido Popular y del Gobierno anterior se nieguen a admitir que antes del 11-M existieron graves fallos de seguridad, de información, coordinación y análisis. Eso es evidente y los ciudadanos, votantes del Partido Popular o del PSOE, nacionalistas o verdes, son perfectamente conscientes de ello. Se puede querer comprenderlo. Lo que no se puede hacer es esconder ni negar lo ocurrido, armar escandaleras de puro humo o pactar consensos a muchas bandas que tomen a los ciudadanos, a las víctimas y a sus familiares por imbéciles.