UNICE pide aplazar las normas sociales que obligan a las empresas
La organización de empresarios europeos, UNICE, que representa a 36 federaciones de empresarios de 30 países, pidió ayer una moratoria de legislación europea social que imponga más obligaciones a las empresas. Dicha moratoria sería una de las medidas a tomar para mejorar la competitividad europea, que se ve frenada, según los empresarios, por un exceso de regulación y unos compromisos internacionales, como el Protocolo de Kioto, que, insisten, deberían ser revisados.
Entre 1990 y 2000, Europa ha perdido el 8% de su cuota en las exportaciones mundiales y su crecimiento está por debajo del 2% frente al 3% de Estados Unidos, pese al "enorme potencial de competitividad" del Viejo Continente. La receta para salir del bache, según los empresarios, es terminar con el exceso de regulación europea, "dar toda la libertad que sea posible a empresarios, innovadores y universidades" y, entre otras medidas concretas, abandonar los proyectos de normas sociales que impliquen mayores esfuerzos a los 20 millones de compañías europeas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas.
UNICE está en contra, por ejemplo, de fijar por ley el tiempo de trabajo como ha hecho Francia estableciendo el máximo de 35 horas semanales. "Los horarios laborales deben negociarse en las empresas, entre los empresarios y los trabajadores", dice Ernest-Antoine Seillière, presidente la patronal francesa MEDEF. Una directiva europea fija el tiempo de trabajo en 48 horas semanales máximo y UNICE no cree que se deba modificar, como ha intentado en el pasado la Comisión Europea.
En este contexto, Seillière se manifestó contrario a la regulación de las agencias de trabajo temporal que propone la Comisión Europea y que vienen bloqueando desde hace un año Reino Unido, Alemania, Irlanda y Dinamarca. Dicha directiva exige que los trabajadores de tales agencias que superen los seis meses de trabajo en una empresa disfruten de los mismos derechos que tienen los empleados fijos de la misma.
Los empresarios criticaron también ayer la propuesta REACH, que obligaría a evaluar y registrar 30.000 sustancias químicas.
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