La Comisión de Telecomunicaciones sufre la 'fuga' de algunos técnicos por el traslado de la sede a Barcelona

La decisión del Gobierno de trasladar de Madrid a Barcelona la sede de la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ya ha tenido sus primeras consecuencias. Al menos dos técnicos del máximo organismo regulador de las telecomunicaciones han decidido su marcha, uno en la división de comunicación, otro en la de mercados.

La preocupación en el consejo de la CMT porque a estos dos primeros casos les sigan otros es máxima. Para atenuar en la medida de lo posible esa fuga, el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, va a reunirse en los próximos días con el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y con el ministro de Industria, José Montilla, para negociar compensaciones para los alrededor de 150 técnicos que deben trasladarse. En las conversaciones, se quiere hacer hincapié sobre todo en aspectos como facilidades para el alquiler de viviendas, billetes de avión para el traslado de Madrid a Barcelona, y que se les ayude a solventar los problemas de escolarización de los hijos, informaron en fuentes de la organización.

En el seno de la CMT se da el traslado por inevitable pero se quiere minimizar en la medida de lo posible sus efectos. En primer lugar, el consejo de la CMT con su presidente a la cabeza va a exigir al Gobierno que plasme en una ley que la sede del organismo debe estar en Barcelona. Una vez que esa ley entre en vigor, el consejo exigirá máxima autonomía para elegir el edificio que albergará sus oficinas, y se opondrán a cualquier "tentación de la Generalitat de decidir también nuestra ubicación", señaló un consejero.

Maragall ha anunciado unilateralmente que la sede de la CMT estará en un edificio del Fórum. Según fuentes del consejo, este anuncio rompe con la autonomía que concede la ley a su consejo para decidir libremente sobre aspectos como la contratación de personal o el alquiler e incluso la compra de inmuebles.

De hecho, el edificio de la madrileña calle de Alcalá que alberga actualmente la sede es propiedad de la CMT. Si para forzar el traslado al Fórum se incluyera en la ley la ubicación exacta del organismo, el consejo está dispuesto a impugnar la ley.