Las raíces del fuego

Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, los técnicos del Infoca y los especialistas de la Guardia Civil y Policía autonómica, insisten en la intencionalidad que se esconde tras los incendios forestales que este verano están castigando la provincia de Huelva. Un análisis de los datos históricos referidos a este tipo de siniestros en toda la comunidad autónoma, revela cómo las causas intencionadas han tenido, desde 1986, una llamativa incidencia en los más de cuatro mil incendios registrados en territorio onubense.

La intencionalidad es una de las causas que, con mayor frecuencia, aparece en las estadísticas de incendios forestales, tanto a escala nacional como autonómica. En los casi 21.000 incendios registrados en Andalucía durante el periodo 1986-2003, cuyas características generales están disponibles en la base de datos que la Consejería de Medio Ambiente ofrece en su página web (www.juntadeandalucia/medioambiente), la intencionalidad se cita como causa principal en más de un 33 % de los casos, lo que supone cerca de 7.000 siniestros provocados en 18 años.

Si bien la información oficial disponible en Internet no entra en demasiados detalles, un análisis pormenorizado de la misma, con el consiguiente cruce de diferentes datos, revela algunas circunstancias llamativas, sobre todo en lo que se refiere a la situación de la provincia de Huelva, donde este verano se están multiplicando los incendios intencionados sin que nadie haya ofrecido una explicación razonable.

Si se contempla la aportación de esta provincia al cómputo total de incendios registrados en Andalucía durante el periodo mencionado, los porcentajes que se obtienen están dentro de una cierta normalidad, ya que la contribución onubense ronda el 20% (4.300 incendios), nada excepcional en un territorio con importantes masas forestales. Tampoco destaca por el porcentaje de siniestros intencionados (algo más del 30 % del total histórico), cifra que, incluso, está por debajo de la media regional.

Sin embargo, ninguna otra provincia de Andalucía ha liderado, durante tantos años diferentes, el cómputo anual de incendios intencionados, ya que Huelva ha encabezado esta clasificación en ocho ocasiones entre 1986 y 2003. El resto de provincias sólo ha conseguido este dudoso honor en una ocasión o, como mucho, en dos (así ocurre en el caso de Cádiz, Málaga y Sevilla, las siguientes clasificadas). Tampoco parece obedecer a una casualidad que, de esos ocho ejercicios, seis figuren de forma consecutiva. Es decir, el mayor número de incendios forestales intencionados registrados en toda Andalucía se localiza en Huelva, de manera ininterrumpida, entre los años 1994 y 1999.

Examinando la suma total de incendios por provincia y año, y cruzando los datos correspondientes a las causas, Huelva vuelve a aparecer en un lugar destacado, ya que es la provincia que mayor porcentaje de sucesos intencionados ha registrado en un solo ejercicio. Así ocurrió en 1987, donde esta causa rondó el 40% de los fuegos onubenses, porcentaje que ninguna otra provincia ha alcanzado nunca. Le sigue a gran distancia Cádiz, que registró un 30% de incendios intencionados en 1989, y en tercer lugar vuelve a aparecer Huelva, ya en 1997, con un 29%.

Parece, pues, evidente, aunque nadie se ha pronunciado al respecto, que esta provincia acumula, en un periodo histórico dilatado, demasiados indicadores que otorgan a la intencionalidad un protagonismo excesivo. Ni siquiera la incorporación de especialistas de la Guardia Civil y Policía Autonómica a la investigación de los siniestros o la mejor cualificación de los técnicos del Infoca a la hora de establecer las causas de un fuego parecen haber influido en esta circunstancia, ya que los indicios se mantienen firmes tanto en el comienzo de la serie histórica (finales de los años ochenta) como en los ejercicios más recientes.

A escala regional, el número de incendios intencionados oscila a lo largo de los años entre un mínimo de 190 siniestros atribuidos a esta causa en 1987 y un máximo de 605 en 1994. También es verdad que este dato está claramente determinado por esa mayor eficacia en el análisis de los fuegos, de tal manera que el capítulo de causas desconocidas, e incluso el de negligencias, ha ido disminuyendo en favor de los sucesos claramente provocados.

Pero, quizá, lo más extraño de la situación que se está viviendo en Huelva este verano sea el objetivo último que pudiera perseguirse con estos fuegos provocados. No parece razonable hablar de intereses madereros, agrícolas o ganaderos, ni tampoco de turbia presión urbanística, ya que, en Andalucía, los terrenos forestales afectados por incendios están sujetos, desde hace tres años y mediante el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, a un régimen de restauración que sus propietarios deberán concretar en un detallado plan de actuaciones, cuya aprobación depende de la Consejería de Medio Ambiente, a la que debe presentarse este documento, como máximo, ocho meses después del siniestro.

Asimismo, siguen vigentes, tal y como fija la citada ley de 1999, las limitaciones a los aprovechamientos en áreas incendiadas y la inscripción en el Registro de la Propiedad de la obligación de restaurar las áreas afectadas, terrenos cuya calificación jurídica no se modifica en ningún caso por el hecho de haber sufrido un incendio, fórmula que evita cualquier operación especulativa.

La mano del hombre

Dentro del amplio capítulo de la intencionalidad como causa de un incendio forestal pueden esconderse un sinfín de motivaciones. Aunque su incidencia se haya visto muy limitada por las obligaciones que la ley impone en Andalucía, siguen citándose, con demasiada frecuencia, y sin argumentos suficientes, los oscuros intereses de ganaderos, agricultores, madereros o de promoción inmobiliarios. También suele recurrirse a la figura del pirómano, aunque éste sea un desorden de la personalidad ciertamente escaso, por lo que su incidencia suele ser mínima.

Claro que, descartadas estas causas, que gozan de gran popularidad, pero que hasta ahora no han servido para explicar sucesos como los de Huelva, lo que aparece es un terreno difuso y pantanoso, donde caben todo tipo de explicaciones. En Andalucía, por ejemplo, han llegado a provocarse, en el área del Campo de Gibraltar, fuegos de distracción, para así reducir la presencia policial en zonas donde se llevaban a cabo operaciones de contrabando o narcotráfico.

También hubo un tiempo, a comienzos de los noventa, cuando se relacionó la intencionalidad de los incendios con el proceso de selección de los retenes que habrían de combatirlos, argumento que incluso se defendió desde organismos oficiales como el desaparecido Icona. Es posible que todavía haya quien piense que quemando el monte se generan jornales, aunque las pérdidas para los municipios afectados, incluso en términos de jornales, superan con creces, en la mayoría de los casos, los beneficios que pudieran obtenerse. Y podría incrementarse la lista de causas con otras aún más complejas, como las relacionadas con venganzas.