Condenado en EE UU uno de los asesinos del arzobispo salvadoreño Óscar Romero

El juez dice que el crimen, hace 24 años, fue pagado por el Ejército y un grupo de empresarios

Después de escuchar testimonios diversos, algunos desgarradores, y de estudiar documentos desclasificados recientemente en Washington, un juez federal de Fresno (California) ha declarado culpable al ex capitán de la Fuerza Aérea Salvadoreña Alvaro Saravia de haber confabulado para asesinar al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, hecho ocurrido hace 24 años. El proceso, considerado histórico, se celebró en California porque allí ha tenido residencia por varios años este ex militar de los escuadrones de la muerte que sembraron de sangre El Salvador décadas atrás.

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El juez federal de Fresno (California), Oliver W. Wanger, ha condenado a Saravia a pagar 10 millones de dólares a los familiares del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador que le disparó una bala en el corazón cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital La Divina Providencia. Saravia era uno de los más cercanos colaboradores del ya fallecido ex mayor Roberto D'Aubuisson, el fundador de los escuadrones de la muerte en El Salvador en la década de 1970 y, luego, en 1981, del ahora partido oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el poder desde 1989.

El ex oficial condenado no estuvo presente en las audiencias, que comenzaron el pasado 24 de agosto. En la actualidad no se sabe de su paradero, pero el resultado del juicio obligará a las autoridades migratorias a emprender su búsqueda.

Las pruebas presentadas, entre documentos desclasificados por Estados Unidos (correspondencias e informes de la Embajada americana al Departamento de Estado), así como testimonios, por ejemplo del salvadoreño Amado Antonio Garay, quien al momento de la muerte era el chofer de Saravia, y del ex embajador Robert White, hicieron que el juez de Fresno sentenciara la participación de Saravia en el magnicidio de Romero, que tenía al morir 63 años.

'Escuadrones' de Estado

El juez Wanger determinó que la muerte de Romero ha sido no sólo un crimen contra la Humanidad sino el mejor ejemplo de un asesinato extrajudicial que pretendía atemorizar a la población civil con el propósito de perpetuar a los regímenes militares y prooligárquicos que imperaban entonces. Criticó asimismo las violaciones que se cometieron en contra del debido proceso. El caso Romero está incluido en el Informe de la Verdad que auspició las Naciones Unidas (ONU) en 1993 para investigar los más graves casos de violencia política ocurridos durante la guerra civil salvadoreña (1980- 1993).

Su caso no se ha podido procesar por una amplia amnistía (1993) decretada por el entonces presidente Alfredo Cristiani.

María Julia Hernández, una de las colaboradoras del arzobispo, estuvo en el juicio de Fresno. Hoy es directora de Tutela Legal del Arzobispado (fundado por el mismo Romero para recabar pruebas de violaciones de derechos humanos). "Lo más impresionante de las audiencias era ver que se estaba celebrando un juicio y se estaban presentando pruebas para llegar a la verdad, cosa que en El Salvador hasta ahora ha sido imposible", dijo a EL PAÍS. Le impresionó también escuchar cómo el ex embajador de EE UU en San Salvador, Robert White, "declaraba con gran certeza moral, que Roberto D'Aubuisson había ordenado a Saravia el asesinato de monseñor Romero". Saravia y el mismo D'Aubuisson, junto a más de 20 militares y civiles, fueron capturados en mayo de 1980 y se les decomisó documentos que analizó Estados Unidos.

Los informes desclasificados por Washington señalaron también que los escuadrones de la muerte eran financiados por el mismo Ejército, por un grupo de empresarios salvadoreños que residían en Miami (Grupo Miami) y a través de secuestros que el mismo D'Aubuisson ordenaba, añadió Hernández.

El teólogo español Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en la teología de la liberación, de la que Romero fue un símbolo, también declaró ante este tribunal californiano.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0004, 04 de septiembre de 2004.

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