Gallardón multará a quien pegue carteles o avisos en farolas y marquesinas

Clases de guitarra, fiestas de Nochevieja, ofertas o demandas de trabajo, conciertos de música... Anunciar cualquier cosa a través de los pequeños carteles que ahora colocan empresas y ciudadanos en muros, marquesinas, árboles o farolas estará prohibido en unos meses. La nueva ordenanza que prepara la Concejalía de Medio Ambiente también perseguirá el reparto de publicidad en la calle. En este caso, la sanción será para la empresa anunciadora; en el de los carteles de las farolas, el Ayuntamiento intentará localizar a los responsables a través del teléfono que figura como señal.

La concejal de Medio Ambiente, Paz González, quiere que la ordenanza esté lista a finales de este año y entre en vigor en enero de 2005. Abarcará desde la regulación de las obras en la calle hasta la limpieza de los lugares públicos, en un cajón de sastre que han llamado "Protección del Medio Ambiente Urbano". Y ahí es donde los responsables del departamento han decidido actuar sin clemencia contra las compañías privadas o vecinos particulares que utilizan cualquier soporte para alquilar un piso, ofrecerse para cuidar niños o dar clases, o convocar una fiesta o un concierto.

Las multas serán disuasorias, es decir "ejemplarizantes", según Paz González

Los autores de las infracciones serán localizados por los teléfonos de los carteles

"El Ayuntamiento se gasta muchísimo dinero cada año en arrancar estos cartelitos y limpiar farolas o marquesinas. Los ciudadanos tienen que entender que el espacio público es de todos, y que no pueden utilizarlo para fines privados porque eso tiene un coste. Además, da una imagen de ciudad sucia, y Madrid no se merece eso", argumenta la concejal Paz González. Y los datos que aporta para apuntalar su tesis son los siguientes: el año pasado, el Consistorio gastó 5,6 millones de euros en limpiar pintadas y retirar carteles o pegatinas de lugares no autorizados. En total fueron más de 100.000 las actuaciones de limpieza de este tipo, la mayoría en los distritos de Centro, Moncloa, Vallecas y Salamanca.

Si las intenciones de la concejal de Medio Ambiente se plasman finalmente en la nueva normativa, quien pegue un anuncio en la calle se expondrá a ser multado. ¿Cómo? "Buscaremos a los autores de la infracción a través de los teléfonos o las direcciones que figuran en los carteles", dice resuelta González. En el caso de que se trate de anuncios de empresas, la búsqueda será más fácil.

Las sanciones serán "disuasorias", lo que, traducido, significa que serán duras y "ejemplarizantes", según la concejal. Pero Paz González contempla también la posibilidad de sustituir las multas por "trabajos a la comunidad", que podrían consistir en ayudar a los barrenderos y operarios municipales a limpiar pintadas y pegatinas.

La ordenanza prohibirá asimismo el reparto de publicidad en la calle. En este caso, los sancionados no serán en ningún caso las personas que, apostadas en plazas, semáforos y bocas de metro entregan panfletos y anuncios a los viandantes, sino las empresas anunciadoras.

"Los peatones cogen la publicidad y, unos metros más allá, la tiran al suelo. Y luego tienen que ir los barrenderos del Ayuntamiento a retirarla. No es justo que una actividad privada, que genera beneficios, se realice en plena vía pública, sin autorización ninguna, y encima cueste dinero a las arcas municipales", continúa la edil.

El grueso de la nueva normativa no estará dedicado, sin embargo, a la persecución de estos pequeños o grandes anunciantes, sino a la regulación de las obras en las calles, las temibles y omnipresentes zanjas -en Madrid, cada día, puede contarse casi un millar de obras simultáneas en la vía pública, según Medio Ambiente-.

Paz González y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, visitaron el pasado viernes los trabajos que se realizan en Chamartín dentro del llamado PRIS: el plan de renovación integral de servicios (canalizaciones de gas, agua, electricidad y telecomunicaciones) que se lleva a cabo en 160 calles de 12 distritos desde el pasado día 15 y hasta finales de año, y que se extenderá a toda la ciudad durante el resto de legislatura.

González recordó que la ordenanza de 2002 -aprobada por el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano- establece que en las calles incluidas en el PRIS no podrán abrirse zanjas, salvo en caso de avería, en los cuatro años siguientes a la última obra. Y reiteró algo que Ruiz-Gallardón ya ha anunciado varias veces: la nueva ordenanza ampliará esa restricción a todas las calles de la ciudad.

Para hacer cumplir eso se creará una comisión en la que estarán representados todos los operadores, públicos y privados, que habitualmente realizan este tipo de obras bajo el asfalto. Cada vez que alguno de ellos quiera levantar una calle, el resto será informado por el Ayuntamiento, y el que quiera deberá aprovechar para hacer sus propias canalizaciones. Si deja pasar la oportunidad, tendrá que esperar cuatro años -la concejalía está pensando ampliar el plazo a seis años- para horadar el pavimento de esa vía.

Además, cada empresa tendrá que anunciar con seis meses de adelanto las zanjas que quiere abrir, e iniciar las obras, como muy tarde, dos semanas después de conseguir la licencia. Por último, las empresas tendrán un máximo de 36 horas para arreglar eventuales averías en las canalizaciones -ahora esos arreglos pueden eternizarse varias semanas, según tiene comprobado Medio Ambiente-, y si cumplir con ese plazo obliga a trabajar en fin de semana, estarán obligadas a hacerlo.