El Ayuntamiento revisará 13.000 pisos públicos para buscar ventas fraudulentas

El Ayuntamiento sabe desde hace tiempo que hay propietarios de viviendas de protección oficial (más baratas porque están dirigidas a personas con menos recursos) que las revenden o realquilan para sacar beneficios -lo cual es ilegal en los primeros 15 años tras la obtención de la vivienda-. Para cuantificar ese fraude, un equipo de sólo 13 personas, entre inspectores, abogados y administrativos, se dedicará a inspeccionar a partir del próximo enero, dos veces al año, las más de 13.000 casas de promoción pública que se han construido en la ciudad en las últimas dos décadas.

El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer que el gobierno municipal va a sacar a concurso este servicio de inspección, que será adjudicado a una empresa privada en los próximos meses, costará un millón de euros y debería ponerse en marcha "en enero de 2005". A partir de entonces y durante dos años (prorrogables a otros dos), un equipo de 13 trabajadores -el alcalde no supo precisar cuántos de ellos serán inspectores- deberá visitar una a una las 13.163 viviendas que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) ha construido en la capital en los últimos 20 años y entregado a un precio muy inferior al de mercado a personas con ingresos medios o bajos. De ellas, 1.065 están ocupadas en régimen de alquiler.

Los propietarios de estas viviendas se comprometen, cuando las adquieren, a cumplir una condición: no las pueden poner en alquiler ni revender a terceros antes de 15 años. Sólo en circunstancias excepcionales es posible desprenderse de la vivienda en los primeros años -siempre que se venda al mismo precio al que se adquirió-, pero en ese caso hay que solicitarlo expresamente a la Comunidad de Madrid -que es la que decide sobre los edificios protegidos de toda la región- y devolver, en compensación, las ayudas o subvenciones públicas recibidas (de media, unos 6.000 euros).

Algunos agraciados con la lotería de las viviendas de protección oficial incumplen esa condición y revenden o ponen en alquiler la vivienda al doble de lo que a ellos les costó. O bien la conservan vacía para especular después con ella, o la utilizan pero no como vivienda sino, por ejemplo, para montar un negocio. Todo eso es ilegal en los primeros 15 años. Y a día de hoy la Administración no realiza ninguna inspección para combatir este fraude. La EMV sólo actúa ante denuncias concretas, pero nunca de oficio.

Esa laguna es la que pretende llenar, con una decena de inspectores, la campaña anunciada ayer por Ruiz-Gallardón: los trabajadores de la empresa privada que se haga con el contrato tendrán que visitar dos veces al año cada una de esas 13.163 viviendas y comprobar que están ocupadas por sus propietarios originales y que éstos les dan el uso para el que fueron concebidas.

En caso de que detecte alguna irregularidad, la EMV llevará a juicio al responsable e intentará recuperar la vivienda. Si el piso se ha revendido o puesto en alquiler ilegalmente, el nuevo inquilino, aunque haya actuado de buena fe o por ignorancia, tendrá que enfrentarse a un desahucio y luego "reclamar por daños y perjuicios a quien le vendió la casa de forma fraudulenta", explica Sigfrido Herráez, presidente de la EMV.

Un catálogo de corralas

Por otra parte, la Empresa Municipal de la Vivienda firmó ayer con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos un convenio para catalogar 200 edificios de corralas, de los casi 400 que hay en la capital, elaborar una ficha con las características de cada uno y proponer su rehabilitación en los casos que lo requieran. Un convenio similar sirvió el año pasado para estudiar otros 160 edificios de este tipo.

El trabajo, que le costará a la EMV unos 30.000 euros, lo realizarán los alumnos de la Universidad Politécnica: visitarán durante ocho meses esos 200 edificios (que suman unas 5.000 viviendas) y elaborarán para cada uno un informe fotográfico y una ficha con datos técnicos, características constructivas y de mantenimiento, patologías y existencia de infraviviendas. Esos 200 inmuebles se concentran en cuatro distritos: Tetuán, Centro, Arganzuela y Chamberí. El estudio y las propuestas que resulten los utilizará la Concejalía de Urbanismo en su plan de cirugía del centro.

La Junta de Gobierno acordó también la modificación de las lindes entre Vicálvaro y San Blas, como consecuencia de la alteración de la línea divisoria entre Madrid y Coslada. El nuevo límite entre ambos distritos del sureste queda fijado por el parque de la Cuña Verde, la M-40 y la carretera de Ajalvir.