El Poder Judicial prevé sancionar con un año de suspensión a Ruiz Polanco por desatención

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso ayer al pleno del órgano de gobierno de los jueces sancionar al magistrado Guillermo Ruiz Polanco con un año de suspensión, como autor de una falta muy grave de "desatención" en el ejercicio de sus competencias al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que originó la excarcelación de un supuesto etarra. Si el pleno del CGPJ del próximo miércoles acepta la propuesta, Ruiz Polanco perderá su actual destino en la Audiencia Nacional.

La propuesta de la comisión disciplinaria se tomó con los votos de cuatro de sus cinco miembros, inmediatamente después del cambio en su composición.

Tanto los dos vocales propuestos por el PP -Enrique Míguez y Carlos Ríos- como las dos designadas en su día a iniciativa del PSOE -Montserrat Comas y Ángeles García- decidieron proponer una sanción de un año de suspensión, a pesar de que el instructor del expediente, el magistrado del Supremo Ángel Juanes Peces, limita su propuesta a siete meses de suspensión.

Sólo el vocal designado por consenso del PP y del PSOE, Agustín Azparren, apoyó la propuesta de siete meses de suspensión, formulada por el instructor. Frente a ese criterio, Comas argumentó que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces está en mejor situación que el instructor del expediente para evaluar la gravedad de la conducta judicial sancionable y la importancia de la sanción a imponer.

Una sanción y varios hechos

En todo caso, hubo acuerdo unánime sobre la propuesta del instructor de imponer una única sanción por falta muy grave para castigar los diferentes hechos que figuran en el expediente disciplinario. La falta muy grave es la descrita en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

La primera conducta de Ruiz Polanco que dio lugar a la apertura del expediente fue la que originó la excarcelación del supuesto etarra Ibai Ayensa, acusado del asesinato de un subteniente del Ejército en 2000 y de un edil de Unión del Pueblo Navarro en 1998.

Para el 19 de febrero de 2004, a punto de cumplirse dos años de prisión provisional a la espera de juicio, estaba fijada la vistilla o comparecencia ante el juez del imputado, en la que el fiscal o el abogado podrían haber solicitado la prórroga de la prisión preventiva por un máximo de otros dos años. Pero ese día, Ruiz Polanco se ausentó para asistir en Pamplona a la toma de posesión de un magistrado amigo suyo -Juan Manuel Fernández Martínez- como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La nueva comparecencia se trasladó al 23 de febrero, pero ya era tarde: Ayensa fue excarcelado.

A partir de ese primer hecho, el CGPJ envió la inspección al Juzgado Central de Instrucción número 1 y comprobó otras irregularidades y retrasos, que han sido incorporados al expediente disciplinario contra Ruiz Polanco. Entre ellas, la inspección constató una tardanza de casi dos años en procesar a los integrantes del comando Urbasa de ETA y más de un año en procesar a los miembros del comando Ekaitza.

Igualmente, la inspección del CGPJ apreció en el juzgado de Ruiz Polanco falta de control de las causas con preso para garantizar su tramitación prioritaria y vigilar los plazos y límites temporales de las situaciones de prisión provisional. También se constató el retraso de casi seis meses para practicar una diligencia de prueba respecto a la grabación de determinadas conversaciones supuestamente delictivas.

Ruiz Polanco pidió que se archivara el expediente y alegó que los retrasos eran atribuibles a los funcionarios del juzgado. Mostró su extrañeza porque no se le hubiera preguntado por la "laboriosidad" de tales funcionarios y añadió que, de habérsele inquirido sobre el particular, en algún caso sus respuestas podían haber sido "muy ilustrativas". El magistrado expedientado se quejó de que no se hubiera tenido en cuenta que muchos de esos funcionarios eran interinos "sin ninguna cualificación", así como de la falta de medios materiales.

Pérdida de destino

Tanto si el pleno del CGPJ asume la propuesta de la comisión disciplinaria como si opta por la del instructor del expediente, por tratarse en ambos casos de suspensión por más de seis meses, la aplicación de la sanción llevará consigo la pérdida de destino para el sancionado, es decir su exclusión de la Audiencia Nacional.

Ruiz Polanco fue suspendido en sus funciones jurisdiccionales por la comisión disciplinaria del CGPJ el pasado 15 de marzo, mientras se tramitaba el expediente disciplinario, por un periodo máximo de seis meses. Precisamente por cumplirse los seis meses el próximo 15 de septiembre, la comisión disciplinaria ha propuesto la sanción para el pleno del 8 de septiembre.