La oposición intentará anular el decreto de guarderías de Vitoria

El alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso, y el grupo que le apoya se van a enfrentar sin ningún apoyo a la huelga indefinida en las escuelas infantiles municipales, que comenzó ayer con un seguimiento total. Toda la oposición (PNV, PSE, EA e IU), la federación de asociaciones de padres de alumnos Denon Eskola, la mayor de Euskadi, y los trabajadores quieren, por motivos diferentes, que se derogue el decreto del 27 de julio que regula las guarderías de titularidad municipal. La oposición espera que la próxima semana la secretaría del Ayuntamiento emita un informe jurídico que avale la falta de competencia de la junta de gobierno para regular la cuestión por ser materia exclusiva del pleno.

Tras las fiestas de La Blanca en agosto, los partidos de la oposición pidieron a la secretaría del consistorio que elaborase un informe jurídico que especificase las competencias sobre esta cuestión. El informe no llegará antes del lunes, cuando se reincorpora tras sus vacaciones el funcionario que debe emitirlo. Socialistas y peneuvistas confían en que el dictamen quitará la razón a la junta de gobierno que preside Alonso. Sin embargo, el informe no es vinculante y todo el proceso podría terminar en la jurisdicción contencioso-administrativa. Patxi Lazcoz, portavoz municipal del PSE, cree que la cuestión puede acabar en el pleno y que los partidos tienen capacidad de llegar a un acuerdo tras un diálogo sin contar con el PP.

La oposición quiere que se vuelva a poner en marcha una mesa de negociación en la que estaban representados todos los partidos y cuyo trabajo no pudo concluir por decisión del equipo de gobierno. Así, piden el regreso a la situación anterior al decreto de finales de julio y la negociación del modelo de escuela municipal que se quiere para Vitoria: bien con mayor componente educativo, bien con mayor componente asistencial (tenencia de los niños mientras los padres están en sus puestos de trabajo).

Seguimiento total

Las guarderías municipales tienen inscritos a 1.500 niños que deben empezar el curso el 8 de septiembre. La asesoría del grupo popular en el consistorio aseguró ayer que Alonso no se encuentra aún en Vitoria y que comparecerá mañana en una rueda de prensa.

La retirada del decreto y el inicio del diálogo son también las peticiones de los padres y de los trabajadores. Las 70 trabajadoras fijas de las guarderías respaldaron ayer el primer día de huelga indefinida, según fuentes sindicales, y se manifestaron en la Plaza de España frente a la sede del consistorio vitoriano. Sí fueron a trabajar las 121 interinas, llamadas a su vez desde hoy a secundar el paro. La respuesta de estas trabajadoras temporales no será previsiblemente tan homogénea. De hecho, 19 de ellas trabajan ahora gracias a la reforma del PP y los convocantes de la huelga no creen que vayan a apoyarles.

Ramón Uriarte, representante de ELA y presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, asegura que la solución pasa por volver a la situación previa al decreto y admitir en plantilla a las 138 trabajadoras interinas de la stuación previa al decreto, de las que 33 no figuran siquiera en la bolsa de trabajo. Uriarte afirma que, una vez se restablezca la situación, se podrá negociar el modelo educativo y se deberá convocar una oferta pública de empleo que termine con la precariedad.

El modelo de negociación que demandan los sindicatos es el que, a su entender, existía antes de julio: una mesa social en la que participaban los padres, a través de Denon Eskola, los trabajadores, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco.

La convocatoria de esta mesa es demandada también por Denon Eskola, que mantiene una plataforma para el colectivo de cero a tres años. El presidente de la federación, Juan Carlos Alonso, aseguró ayer que su papel no es reivindicar cuestiones laborales, sino educativas y que el decreto del Ayuntamiento supone "un fraude" para los ciudadanos. Alonso agregó que cuando se convocaron las plazas en un folleto el pasado mayo se daba una mayor importancia al componente educacional que al asistencial. Sin embargo, considera que la nueva normativa ha dado marcha atrás y se ha convertido en un mero servicio de asistencia.

Alonso criticó que el Ayuntamiento se escude en los criterios establecidos por el Gobierno hace dos años y destacó que el Ejecutivo tiene intención de cambiar estos parámetros en breve. Agregó que hace dos años la inversión del Gobierno autónomo para la etapa de cero a tres años ascendía a 50 millones de euros y ahora supera los 500, dato que, a su entender, el alcalde debe tener en cuenta.