Defensa no acertó a identificar ni a una sola de las víctimas del Yak-42

No acertaron ni una. Ni siquiera por casualidad. Los dos generales enviados por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, a Trabzon (Turquía) para que colaborasen en la identificación de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yakovlev 42 erraron en todos los casos. El informe entregado ayer por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a Defensa confirma que las autoridades turcas identificaron correctamente 32 cadáveres, mientras que las españolas erraron con los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo.

El Ministerio de Defensa dio ayer por cerrado el doloroso y complicado proceso de identificación de las 62 víctimas del accidente del Yak-42, hace más de 15 meses. Por la mañana, recibió el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia. Por la tarde, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, empezó a contactar telefónicamente con las familias de los militares para comunicarles los resultados. A partir de hoy, se les enviará por escrito.

El estudio confirma lo que las familias sospechaban desde hace meses: el equipo enviado por el anterior Ministerio de Defensa no intentó ni siquiera identificar los 30 cuerpos que las autoridades turcas les entregaron a las 2.20 de la madrugada del 28 de mayo, sino que se limitaron a distribuirlos al azar entre los féretros y a repatriarlos a España sólo 3 horas y 25 minutos después. Además, tuvieron mala suerte. No acertaron ni una vez.

El Instituto de Toxicología de Estambul ya determinó en junio pasado que 22 cadáveres estaban mal identificados, tras cotejar las muestras de los cuerpos con el ADN de los familiares que se desplazaron a Turquía el 17 de mayo para someterse a un análisis.

Pero este trabajo resultaba incompleto, pues sólo 39 de las 62 familias hicieron el cotejo. Por eso, el ministro de Defensa, José Bono, ofreció en julio a los demás familiares someterse a esta prueba en el Instituto de Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en Madrid, sin necesidad de desplazarse a Turquía.

Apoyo a las exhumaciones

En principio, 19 fueron las familias que aceptaron la oferta, pero finalmente el laboratorio español ha analizado muestras de 34, pues requirió el ADN de los padres en aquellos casos en los que los análisis realizados en Turquía correspondían a hermanos, cuya fiabilidad consideraba menor.

El informe que ayer recibió el Ministerio de Defensa considera que ha quedado acreditada la identidad de 56 cadáveres. De los seis restantes, cinco fueron identificados por las autoridades turcas, en condiciones que se consideran válidas. El único caso pendiente se da por resuelto a partir de los datos de los restantes.

Para las familias, se trata de una mala y una buena noticia. Mala, porque se confirman los peores augurios. Buena, porque se conoce la actual ubicación de todos los cadáveres, lo que permitirá que las familias puedan intercambiarlos si lo desean. El documento incluye un cuadro en el que consta a dónde fue a parar el cuerpo de cada militar.

El presidente de la asociación que reúne a la mayoría de las familias de las víctimas, Carlos Ripollés, se reunió ayer por la mañana con el jefe de gabinete del ministro José Bono, Roberto López. Éste le aseguró que el Ministerio de Defensa está dispuesto a colaborar con las familias en todas las gestiones necesarias "para que los cuerpos de los militares puedan descansar en el lugar que les corresponde".

Las exhumaciones, si se llevan a cabo, requerirán de autorización judicial. Además, tropiezan con el hecho de que al menos 14 de los cuerpos fueron incinerados y, en algún caso, se dispersaron las cenizas. Por ello, Defensa mantiene su oferta de levantar un monumento en Madrid en memoria de las víctimas del Yak-42 que sirva de mausoleo para las familias que así lo decidan.

Según fuentes de Defensa, el estudio del Instituto de Toxicología se ha realizado con conocimiento de la Audiencia Nacional, que el pasado 15 de julio admitió a trámite la denuncia interpuesta por la asociación de familiares contra los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, que firmaron las identificaciones de los cadáveres.

La titular del juzgado de instrucción número 3, Teresa Palacios, desestimó repetidamente la denuncia de las familias, que se presentó por vez primera en octubre de 2003, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia resolvió finalmente la admisión a trámite después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenara al fiscal que cambiase de criterio y diera su apoyo a la adminisión a trámite.

El Consejo de Ministros, a propuesta de Bono, decidió en julio el pase forzoso a la reserva de los dos generales. Los miembros de la cúpula militar en el momento del accidente fueron relevados el 25 de junio, el mismo día en que se conoció el informe del laboratorio de Estambul que acreditaba al menos 22 errores.