Devuélvame lo que es mío

Todo el empeño puesto en una collita que no pudo ser. La naranja repleta que crecía en tres hectáreas no fue de mesa, se convirtió precipitadamente en zumo. Un día de enero una carta avisó a Joan Pere Miralles de que su explotación, comprada en 1999 por 144.242,91 euros después de muchos años de ser prácticamente tierra abandonada, dejaría de llevar su nombre y contribuiría a las obras del ya derogado trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional (PHN). "Así me enteré, sin más. Luego supe que la comunicación había estado colgada en el tablón del Ayuntamiento de Vinaròs, que nadie leyó, claro".

El 7 de septiembre, en el mismo escenario que se comunicó la expropiación forzosa a los 39 propietarios de la zona, aunque sólo Joan Pere Miralles es de Vinaròs porque el resto es de Alcanà (Tarragona), se representará la función contraria: retornar a los propietarios lo que era suyo y sobre lo que se extendieron actas de ocupación por un euro el metro cuadrado. Trasagua, la empresa creada por el gobierno del PP para ejecutar tal menestar, ahora ya relegado por otra creada por el Ministerio de Medio Ambiente, en manos de Cristina Narbona, dará marcha atrás, deshará lo andado.

Pero ese camino de regreso no va a ser tan sencillo: "No se acaba con venir aquí y decir que lo que nos quitaron ya es nuestro, no, qué va, han pasado muchas cosas y nos hemos visto perjudicados en mucho, y deberán hacerle frente".

El acta del 28 de enero que daba el pistoletazo de salida para que operarios de variadas habilidades levantaran cercas, señalizaciones, cintas y demás elementos para indicar la senda que recorrerían las máquinas recoge: "Estando presentes en el Ayuntamiento de Vinaròs los abajo firmantes, en representación de la Administración expropiante, de la beneficiaria de la expropiación y de la autoridad municipal, se procede a evacuar el trámite de levantamiento de las actas previas de ocupación del expediente de expropiación tramitado con relación al proyecto Tramo ocho, subtramo dos, balsa de Ulldecona a inicio acueducto del río Cèrvol". Miralles apunta: "De ese proyecto y demás, no teníamos ni idea".

Y al final de aquel acto, no exento de polémica y discusión, los afectados no firmaron porque sus asesores encontraron una fórmula de obligar a un pequeño retraso que pudiera beneficiarles: las actas no estaban en valenciano. Eso sirvió de poco. "De casi nada. Yo tuve que vender las naranjas a 0,06 euros el kilo para zumo en lugar de a 0,30 euros. Eso supuso que me pagaran 781 euros, en cada kilo había 0,24 euros de diferencia. ¿Está claro lo que perdí?", dice este agricultor. Pero además, Miralles, que invirtió en poner al día una finca con 75 años de antigüedad, sin nadie que la hubiera atendido en los últimos años, se quedará sin nada. Por cada metro cuadrado, de los 16.000 que le expropiaron, le tasaron a euro la unidad. "Un insulto, vamos, una vergüenza. Supongo que ellos creyeron que esto era la España de los años cuarenta. No, aquí algunos hemos ido incluso a la Universidad, y el que no ha hecho sabe casi lo mismo, por lo tanto dijimos que no. Y todo se puso en manos de abogados para recurrir la tasación de una expropiación forzosa a todas luces injusta", explica.

Miralles recuerda que uno de los peores golpes en la ejecución de la expropiación forzosa fue la "imposibilidad de barajar estrategias alternativas". ¿Por qué? "Porque todo estaba forzado por las elecciones generales, como además sólo un milagro, aparentemente, podía hacer que los mismos repitieran gobierno, era un paseo para ellos". Y añade: "Lograron bajo mano comprar a no sé qué precio una hectárea para instalar toda la parafernalia de inauguración y primera piedra, con carpa y teatro incluido, mientras nosotros le dábamos vueltas a las alegaciones, no entendíamos nada, no teníamos capacidad alguna de negociación, nos preguntábamos que pasaría con los 400.000 metros cuadrados que en total se apropiaban. Fue todo política, no habían interés general alguno".

La carta sobre el acto de devolución del próximo día 7 aún ha llegado a los propietarios. "Lo sabemos por radio macuto", explica Miralles, "pero hay muchas cosas de las que hablar. ¿Qué pasa con el dinero que hemos perdido? ¿Qué pasa con el que hemos gastado en abogados? ¿Quién va a medir el daño moral que hemos sufrido? Eso no es un euro por metro cuadrado. No queremos dinero, hubiéramos querido justicia y diálogo desde el principio. Ahora tendrán que compensar todo lo que nos han hecho pasar". A Miralles le ha costado creer que de verdad le devuelvan lo suyo. "Es que cuando se aprobó la derogación [del trasvase], los técnicos aún continuaban aquí haciendo mediciones, clavando estacas, invadiendo, eso sí, con mucho cuidado. Y la pregunta es: Todo esto ¿para qué?".