El Gobierno de Maragall anula dos duopolios que CiU prorrogó antes de perder el poder

El consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, el socialista Josep Maria Rañé, informó ayer al Gobierno catalán de su decisión de anular las prórrogas de dos duopolios decretadas por el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) justo antes de abandonar el poder. El Ejecutivo alega razones jurídicas y en favor de la transparencia para revocar las prórrogas de las concesiones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la inspección y control industrial (EIC). Algunas de las empresas afectadas anunciaron ayer mismo que recurrirán a los tribunales.

Dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista prorrogó las concesiones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a Applus + (del grupo Agbar) y RVSA y para las empresas de inspección y control a ICICT y ECA. Ambos duopolios fueron prorrogados hasta 2014 pese a que las concesiones no vencían hasta 2006.

La facturación conjunta de ambos servicios fue en 2003 de 67,2 millones de euros, según datos de la Generalitat. El canon que las cuatro empresas concesionarias abonaron al Gobierno catalán en el mismo ejercicio fue de 1,7 millones de euros, también según datos oficiales.

Ante las "dudas jurídicas" sobre la prórroga señaladas ayer por Josep Maria Rañé, el portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, subrayó que la medida era necesaria en aras de la transparencia: "Queremos la máxima transparencia para evitar cualquier sombra de duda".

En septiembre de 2003, cuando se prorrogaron ambos duopolios, el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) la explicaron por el deseo de CiU de "blindar" a determinadas empresas ante su eventual derrota electoral. Ayer, el Gobierno fue más cauto, pero el portavoz parlamentario de Iniciativa-Esquerra Unida (ICV-EUiA), Joan Boada, insistía en que la decisión del Gobierno de izquierdas supone un revés "al amiguismo entre CiU y determinados poderes económicos".

Recursos judiciales

Boada estaba ayer exultante por la decisión del Gobierno, y la celebró como una victoria para ICV. Esta formación acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para intentar frenar la prórroga y estaba dispuesto a seguir adelante en el caso de que el Ejecutivo hubiera dado carpetazo a la polémica.

El recurso de ICV ante los tribunales fue uno de los motivos citados por Rañé para explicar la inseguridad jurídica de la situación creada por la apresurada prórroga del Gobierno de CiU. El consejero añadió que además de Iniciativa, cinco empresas del sector habían planteado contenciosos ante los tribunales y que una sexta presentó un recurso administrativo de reposición ante el Departamento de Industria.

La decisión de ayer del Gobierno catalán anula la prórroga, pero mantiene las respectivas concesiones hasta 2006, como establecía el contrato original, de 1986. Rañé aseguró que el Ejecutivo dispone de tres informes jurídicos que justifican la anulación de la prórroga: de la Comisión Jurídica Asesora, del Gabinete Jurídico Central y de un bufete privado de abogados. "No se acreditaron qué elementos justificaban la ampliación [de la concesión]", aseguró Rañé. A su juicio, ello hacía prever perjuicios futuros a las empresas concesionarias y también al Gobierno catalán cuando se pronunciasen los tribunales.

Rañé y Nadal, que comparecieron juntos, rechazaron la posibilidad de indemnizar a las cuatro empresas, pero se mostraron abiertos a recalcular el canon para 2004, acordado tras ampliarse la concesión. El Gobierno catalán subrayó que las cuatro empresas estan haciendo bien su trabajo y se comprometió a abrir un debate sobre el modelo que guiará la prestación de ambos servicios a partir de 2006, pero apuntó ya cuatro criterios: máxima calidad para garantizar la seguridad, "control efectivo" por parte de la Generalitat, implantación que cubra todas las comarcas de Cataluña y "precios ajustados".Las empresas afectadas estudian ahora la posibilidad de acudir a los tribunales. Algunas ya lo tienen claro, como Applus +, filial de certificación de Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa más beneficiada por la prórroga al copar el 75% del negocio de las ITV en Cataluña a través de 37 estaciones. Un portavoz de la compañía aseguró a este periódico que emprenderán acciones legales para mantener la concesión hasta 2014.

Por su parte, RVSA, con el 25% restante del negocio de las ITV con nueve estaciones fijas y dos móviles, se limitó a señalar que pondrá el caso en manos de sus abogados. No obstante, fuentes de la empresa dieron prácticamente por hecho que también presentarán recurso. Un portavoz de esta firma, con sede en Terrassa, consideró que la decisión del Gobierno catalán, "además de injusta, crea inseguridad jurídica".

Ambas concesionarias recuerdan que la suspensión no afecta únicamente a los cánones que entregan a la Administración -el decreto de prórroga los elevó a alrededor del 10% de la facturación anual-, sino que han llevado a cabo una serie de inversiones que estaban indicadas en el contrato.

Contabilidad analítica

Ninguna de las compañías quiso detallar estas inversiones, pero el Gobierno de Maragall las minimizó: "Exigir [en el contrato] contabilidad analítica no tiene que ser compensado", afirmó Rañé poniendo como ejemplo uno de los compromisos vinculados a la prórroga. El consejero informó personalmente a las empresas afectadas a la salida del Consell Executiu de ayer, antes de firmar el decreto que anula la prórroga.

Las concesionarias subrayan que el Gobierno que prorrogó las concesiones era tan legítimo com el actual y han recibido con "sorpresa" la revocación, teniendo en cuenta que otras comunidades mantienen modelos basados en la concesión.

Este mismo argumento esgrimió ayer el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó, el consejero que en 2003 firmó la prórroga. En conversación con este periódico, defendió la solvencia jurídica de la prórroga y aseguró que reportaba importantes beneficios para la Administración porque "asegura servicio a todo el territorio catalán y no únicamente en las zonas más concurridas" y que sus "contrapartidas", en forma de cánones, seguridad y control informático, son "satisfactorias".

Cuando prorrogó los duopolios, el Gobierno de CiU alegó que suponía una protección del sistema de concesión frente a la liberalización propugnada por la legislación estatal. Ayer Rañé destacó que existe margen legal suficiente como para evitar la liberalización del servicio y garantizar el control de la Administración mediante la creación de empresas mixtas o bien por régimen de autorización.