La huelga de educadoras infantiles dejará sin clase a 1.500 niños

Las educadoras infantiles de las escuelas municipales de Vitoria decidieron ayer en asamblea iniciar una huelga indefinida a partir de mañana en protesta por la reorganización del servicio decretada por el alcalde, el popular Alfonso Alonso. Con más de un 90% de votos a favor de la huelga, las trabajadoras agravan con esta decisión el conflicto que les enfrenta con el Ayuntamiento desde el pasado mes de julio. La huelga dejará sin clases y servicio de guardería a cerca de 1.500 niños entre cero y tres años, que tienen fijado el comienzo del curso para el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la huelga es efectiva desde mañana, día en el que las educadoras tenían previsto acudir a sus centros para ir preparando las clases. Incluso a lo largo de esta primera semana están fijadas reuniones de las trabajadoras con los padres de los niños inscritos en las escuelas con el fin de darles a conocer los pormenores del proyecto educativo y los planes para el curso entrante.

El colectivo de educadoras, que suma 210 profesionales, está integrado de una manera heterodoxa. Por una parte, hay 70 funcionarias fijas (el 90% de ellas ha respaldado la huelga) y las 140 restantes se reparten entre 110 educadoras que cuentan con la diplomatura en Magisterio y que ya trabajaban como interinas el curso pasado en las escuelas y 30 técnicos de Jardín de Infancia, que se incorporan por primera vez al servicio. Más del 90% de las antiguas interinas también apoyo el paro indefinido en la asamblea de ayer.La posibilidad de que el Ayuntamiento consiga abrir las aulas si las educadoras se mantienen firmes es remota. Únicamente queda por desvelar la incógnita sobre lo que harán las 30 personas que han sido contratadas como técnicos de Jardín de Infancia y que trabajarán por primera vez en las guarderías. Se trata de un colectivo que ha permanecido ajeno al conflicto desatado por las antiguas interinas, que en su mayoría son maestras y el grueso de la plantilla.

Por si acaso, el presidente del comité de empresa, Ramón Uriarte, pidió ayer a las trabajadoras que no participaron en la asamblea que respalden el paro y advirtió al Ayuntamiento de que es "ilegal" sustituir a las trabajadoras en huelga por otras con el fin de asegurar el comienzo del curso.

El teniente de alcalde, Miguel Ángel Echevarría, se mostró ayer tranquilo y expresó su "confianza" en que al final se llegará a un acuerdo con las educadoras que evite la huelga. "Las escuelas infantiles de Vitoria seguirán siendo las mejores del País Vasco", afirmó en un intento de tranquilizar a los padres que observan la crisis con preocupación.

El origen de este conflicto se encuentra en el decreto que el pasado 27 de julio firmó el alcalde reorganizando el servicio. Alonso justificó la orden para reforzar el carácter asistencial de las escuelas por encima del educativo, que se había impuesto en los últimos años hasta el punto de que el modelo se había convertido en un ejemplo en toda España. Las consecuencias más importantes del decreto son dos: las escuelas estarán abiertas más tiempo (11 horas al día y 11 meses al año) y se potencia la contratación de técnicos de Jardín de Infancia en lugar de diplomados en Magisterio, cuyos sueldos son mayores acordes con su categoría profesional. Así, las 127 maestras que el curso pasado trabajaron como interinas en las escuelas fueron despedidas.

Los criterios fijados por el Ayuntamiento para la bolsa de trabajo del nuevo curso 2004-2005, primando los títulos de técnicos de Jardín de Infancia por encima de maestros, terminaron por desatar el conflicto ya que en la práctica suponía cerrar el paso a las antiguas interinas. Al final, a mediados de agosto el alcalde accedió a que las maestras pudieran entrar en la bolsa, lo que permitió a más de 100 colocarse dentro. Según el comité de empresa, otras 30 quedarán fuera.

Pero el conflicto ya se había desbocado y esa solución era insuficiente.

Las trabajadoras exigen al Ayuntamiento que la situación vuelva a ser la misma que antes de dictar la norma.

Aunque el consistorio ha justificado la reorganización para dar más servicio a los padres, en el fondo subyace una sentencia judicial que le obliga a reconocer a tres educadoras con la diplomatura en Magisterio una categoría salarial superior a la que venían percibiendo desde el año 2000, cuando se modificó su situación laboral. La extensión de esa sentencia a todos los empleados afectados podría suponerle al Ayuntamiento un desembolso de cuatro millones de euros por atrasos. Con la reorganización, acabó con la posibilidad de que se generalizara la sentencia.