Barcina entrega a la oposición copias censuradas del expediente del 'gaztetxe'

El Ayuntamiento de Pamplona, que preside la regionalista Yolanda Barcina, entregó ayer a los grupos de la oposición municipal copias censuradas del expediente que contiene los informes técnicos y administrativos en los que se ha basado para ordenar el desalojo y demolición del gaztetxe ubicado en el antiguo frontón Euskal Jai.

Amparándose en criterios de "seguridad ciudadana" derivados de las "amenazas y coacciones" sufridos por las empresas y trabajadores que realizaron el derribo a partir del día 16, el equipo de Barcina negó esta semana el acceso al expediente a Izquierda Unida, EA-PNV y Aralar. Sin embargo, tras la celebración ayer de la comisión de Urbanismo, el consistorio hizo llegar a la oposición copias del expediente de las que habían sido tachados los nombres de los técnicos que participaron en las tareas de demolición y los de las empresas que ejecutaron el derribo y desescombro del edificio.

Portavoces de IU, EA-PNV y Aralar expresaron su profundo malestar por la actitud de la alcaldía, que consideran vulnera su derecho a la información y arroja sobre grupos democráticos sospechas de connivencia con las situaciones de violencia vividas en el desalojo.

El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, respondió ayer a las críticas por la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en el centro de la ciudad. Ripa aseguró que los agentes actuaron bajo mandato judicial y se limitaron a responder a las agresiones que sufrieron. El delegado recalcó que algunos de esos ataques "se asemejaron" a la kale borroka. Según sus datos, grupos de jóvenes quemaron 82 contenedores, arrojaron más de 30 cócteles mólotov a la policía y dañaron mobiliario público, además de atacar con artefactos incendiarios una sucursal bancaria, quemar una caseta de información turística y colocar barricadas en las vías del tren.

Barcina compareció en la comisión acompañada por los concejales de Urbanismo, Juan Luis Sánchez de Muniain; Protección Ciudadana, Eradio Ezpeleta, y Obras, José Javier López, todos ellos de UPN. La alcaldesa mostró a los grupos de la oposición fotografías tomadas tras la entrada policial en el gaztetxe en las que se observaba cómo los okupas habían blindado el edificio para no ser desalojados y las malas condiciones sanitarias del bar existente en su interior.

Tras un tenso debate que se prolongó dos horas, los grupos constataron que el frontón fue derribado con carácter de urgencia y sin disponer de la preceptiva licencia de demolición. La explicación de Barcina y su equipo es que, tras la entrada policial en el gaztetxe, un técnico municipal, cuya identidad no revelaron, redactó un informe en el que advertía del inminente riesgo de ruina del inmueble, ocupado desde hacía diez años por grupos de jóvenes. Basándose en la ordenanza municipal de procedimiento urbanístico, el consistorio decretó la urgencia del derribo, dejando para más adelante la legalización de tal orden, según regula la normativa.

A preguntas de la oposición, los concejales reconocieron que el área de Urbanismo todavía no ha otorgado la licencia de derribo. La demolición se realizó sin que existiera un proyecto previo de seguridad e higiene, según criticó tras la reunión el portavoz de EA Javier Ayesa.

El delegado del Gobierno indicó ayer que un inspector de Trabajo visitó las obras el pasado miércoles después de que los sindicatos ELA, LAB, ESK y CGT denunciaran la situación. La inspección ha solicitado al consistorio toda la documentación técnica del caso.

Los ediles regionalistas señalaron también que la contratación del proyecto técnico de derribo fue realizada por los antiguos propietarios del solar donde se levantaba el frontón y que el Ayuntamiento, a través de la sociedad pública compradora, Pamplona Centro Histórico, se limitó a asumir sus términos y ejecutar la demolición, cuyo coste se detraerá del precio de compraventa, cifrado en 1,26 millones de euros. La dirección facultativa de los trabajos también fue contratada por la empresa vendedora.

Demanda al contencioso

La oposición calificó de "confusa y extraña" tal explicación e interpretó la subrogación del derribo como una maniobra del consistorio para eludir posibles responsabilidades legales. De hecho, Aralar se está planteando presentar una demanda contra el equipo de gobierno en la vía contencioso-administrativa por las condiciones en que se les ha hecho llegar el censurado expediente, que suma cien folios, así como otra denuncia por la vulneración de la legislación sobre seguridad en la demolición del gaztetxe.

IU solicitó conocer con detalle el contrato de compraventa del solar para verificar tales términos. Su portavoz, Idoia Saralegui, deploró "la reiterada actitud ocultista" de UPN y "el trato vejatorio dispensado a los grupos de la oposición, a quienes se nos sigue negando el derecho a la información y se nos atribuye una actuación falsamente atentatoria contra la seguridad ciudadana".

Mientras los concejales de IU, EA-PNV y Aralar comprobaban en las copias del expediente que se les acababa de entregar que las identidades de los técnicos que firmaban los informes habían sido borradas, el Ayuntamiento les indicaba que la sociedad Pamplona Centro Histórico recibió toda la información pertinente la pasada semana. En dicha sociedad pública sólo participan, además de los técnicos, concejales de UPN, CDN y PSN, que ayer volvieron a reunirse con carácter de urgencia para evaluar los daños producidos por el derribo en algunas viviendas colindantes. La dirección de la Escuela Navarra de Teatro, ubicada en la calle San Agustín, a escasos metros del antiguo gaztetxe, también ha denunciado los daños en su techumbre producidos por la demolición.

Mientras tanto, y pese al rechazo explícito del grupo municipal socialista, el Ayuntamiento sigue adelante con su idea de ubicar en el solar un aparcamiento provisional de vehículos para los vecinos. Éste sería el paso previo a la construcción del prometido centro hidrotermal. El próximo pleno municipal tiene previsto debatir los aspectos previos que permitan sacar a concurso la redacción del proyecto.

La asamblea del gaztetxe agradeció ayer el apoyo que le han prestado los vecinos de la zona con un pasacalles y una merienda popular. Según sus datos, se produjeron 115 detenciones y 89 denuncias por presuntos excesos policiales, además de 15 heridos en los disturbios.