Consumo multa con 390.000 euros a una empresa por vender 36 chalés defectuosos

Un informe de la Comunidad halla en estas viviendas de lujo de San Blas 25 deficiencias

La Consejería de Sanidad y Consumo ha multado con 390.000 euros a la empresa promotora Unión para el Desarrollo Inmobiliario, SA (Udinsa), por haber construido 36 chalés de lujo junto a la Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas, en los que utilizó materiales de construcción de menor calidad a la acordada, sin avisar a los compradores. Además, según la resolución del Gobierno regional, la constructora dejó diversas obras sin ejecutar en las viviendas e incurrió en diversos defectos de diseño o de remate.

Esta sanción fue recibida con satisfacción por los propietarios de las casas, mientras que la empresa sancionada prefiere guardar silencio hasta que no le sea notificada. La urbanización consta de 36 chalés de lujo con una superficie construida de 320 metros cuadrados cada uno. Fue levantada en una parcela que está entre las calles de Puerto Vallarta, Oria, Orizaba y Miami. El precio de salida de los chalés, adquiridos en su mayoría sobre los planos de la promotora en 1998, fue de unos 60 millones de pesetas (360.000 euros). Los primeros propietarios comenzaron a llegar en abril de 2000. Y con ello, la desilusión al ver que sus viviendas no reunían los estándares de calidad que estaban recogidos en la memoria de calidades y en el proyecto básico de la obra. "La primera sorpresa nos la llevamos cuando comprobamos que gran parte de la casa no tenía corriente en los enchufes eléctricos ni en los cables de las lámparas", señalan Fermín Trinidad y su esposa María del Carmen Gómez, los primeros habitantes de la urbanización, que además fueron quienes promovieron inicialmente las acciones legales y administrativas contra Udinsa.

A partir de ahí llegaron los problemas, que se fueron sumando uno tras otro. Las ventanas del salón y de la cocina carecían de persianas; la cerradura de la puerta exterior (cancela) no se abría desde dentro; Telefónica no les pudo poner una línea porque el cable no estaba enganchado a la red principal... Así, las deficiencias eran cada vez mayores. De los 36 propietarios, 24 más la comunidad de propietarios decidieron entonces denunciar y acudieron a un arquitecto que hizo un peritaje del estado de las obras. Y surgieron más desperfectos. Hasta 25, según el informe de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, que los ha agrupado en diferentes apartados.

El informe de la Comunidad de Madrid hace un detallado repaso a las deficiencias halladas.

- Obras sin ejecutar. Los chalés carecían de persianas en la planta baja y en el ático; no había cajoneras en los armarios empotrados; tampoco les fue instalado el riego automático en los dos jardines de la vivienda, ni las conexiones eléctricas para la conexión del aire acondicionado. También se quedaron sin toma de agua y desagüe en el cuarto para la lavadora.

- Cambio de calidades. El sótano carece de alicatado en las paredes. El suelo de las habitaciones no es de parqué de roble, sino de tarima flotante. El mármol utilizado en el resto de la vivienda no es de máxima calidad (tipo Macael), sino que fue instalado uno cuyo coste es inferior a la mitad del propuesto (calidad Cherco). Los armarios empotrados no estaban revestidos de madera, sino empapelados. Las persianas carecen de cerrojillos de seguridad. Los muretes de separación entre los chalés no son de ladrillo visto, sino que fueron enfoscados con mortero monocapa. Los aparatos sanitarios son de un color distinto al prometido y de una marca no puntera del mercado. El solado del suelo de la cocina es de inferior calidad: no fue colocada la cerámica tipo Porcelanatto, sino tipo Sanchís. La revisión detectó además fallos continuos en la instalación eléctrica.

- Defectos de ejecución. El dormitorio de la primera planta da a la calle, pero la ventana no es accesible desde el interior, lo que supone "una considerable merma de las condiciones ambientales en el interior de la estancia", según el informe pericial. Faltan canalones en alero en las cubiertas de las terrazas del ático. Las juntas de los soldados exteriores fueron realizadas con "un mortero de escasa calidad". Además, hubo un acabado incorrecto en el pulido y abrillantado del mármol del suelo. Los técnicos hallaron numerosas imperfecciones en los remates de los vierteaguas, lo que puede provocar humedades. La puerta de entrada a la casa no es blindada. La insonorización acústica de las viviendas no cumple la legislación vigente.

- Defectos en las zonas comunes. El informe destaca que en el cerramiento de las fachadas la constructora ha empleado un ladrillo de cara vista de menor calidad e inferior coste. Las juntas o llagas vistas en los solados exteriores presentan los mismos defectos de mortero que en las viviendas.

Al final, el informe de la Comunidad de Madrid concluye que la reparación de todos estos desperfectos y pérdidas de calidades no autorizadas por los propietarios supondría unos 768.500

euros.

La empresa promotora, Unión para el Desarrollo Inmobiliario, S. A. (Udinsa) alegó que, si el Ayuntamiento de Madrid concedió la licencia de primera ocupación, los chalés cumplían las disposiciones vigentes y el contenido de la memoria de calidades. En sus alegaciones hizo constar que los compradores firmaron una cláusula en los contratos que permitía efectuar las modificaciones que estimara convenientes. Además, cree que el expediente había prescrito, al estar más de un año paralizado.

La Comunidad replica que todas las alegaciones son erróneas y que se debe seguir con el procedimiento sancionador. Asegura que el expediente nunca estuvo paralizado y que la empresa constructora puede utilizar otros materiales, siempre que no supongan un menoscabo en la calidad contemplada en el proyecto básico. Además, el hecho de que el Ayuntamiento conceda las licencias de primera ocupación no supone el visto bueno a la construcción.

Según la Dirección General de Consumo, Udinsa ha cometido una falta muy grave y otra grave contra la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad, de 9 de julio de 1998, por "una lesión de los intereses económicos de los consumidores". Por la falta muy grave le impone 375.000 euros, y por la grave, otros 15.000.

Los propietarios de las viviendas, en especial Fermín Trinidad y María del Carmen Gómez, se mostraron alegres al conocer la noticia de la multa, ya que llevan más de cuatro años de pugna con la promotora Udinsa. "No se trata de que las viviendas amenacen ruina, sino que nos han engañado a la hora de la entrega en las calidades y en los remates. Nos hemos gastado más de 66.000 euros en poner la casa como nos la deberían de haber entregado", señala el matrimonio. Los denunciantes ya han ganado un juicio civil contra Udinsa, que ha indemnizado a cada uno de los 25 demandantes con unos 15.000 euros.

Los directivos de la promotora rechazaron ayer, tras ser preguntados por EL PAÍS, opinar sobre la multa del Gobierno regional. Esperan la notificación oficial. Udinsa, empresa de promoción inmobiliaria por cuenta propia, fue fundada en octubre de 1997. Tiene un capital social de 2,5 millones. En 2002 manejó unos activos de 104,4 millones de euros, de los que 21,7 correspondieron a ventas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 27 de agosto de 2004.

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