El Ayuntamiento de Pamplona niega a la oposición informes del derribo del 'gaztetxe'

El Ayuntamiento de Pamplona, que encabeza la regionalista Yolanda Barcina, ha negado a dos grupos de la oposición municipal, EA y Aralar, la información que han requerido sobre el desalojo y posterior derribo del gaztetxe Euskal Jai. El concejal de Protección Ciudadana, Eradio Ezpeleta, de UPN, ha remitido sendas cartas a ambas formaciones en las que justifica su negativa amparándose en el artículo 10 del reglamento orgánico municipal, que limita el derecho de información de los concejales en "materias relativas a la seguridad ciudadana". Izquierda Unida anunció ayer que llevará a los tribunales al equipo de gobierno si sigue ocultando información a la oposición.

Ezpeleta justifica su negativa en un informe de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico, actual dueña del solar donde se ubicaba el demolido gaztetxe, que detalla las "continuas y reiteradas amenazas, coacciones y agresiones que vienen sufriendo cuantas personas, empresas o sociedades" han participado en la demolición del viejo frontón. El edil de UPN considera que dar publicidad a las mismas podría alterar la seguridad ciudadana.

El Ayuntamiento y el Gobierno foral contribuyeron con camiones de éste último conducidos por policías a facilitar el desescombro de la zona tras registrarse amenazas telefónicas e intentos de agresión a los empleados de las empresas inicialmente contratadas para ello.

Aralar y EA pidieron el pasado día 19 todo el expediente del gaztetxe para conocer los datos sobre las empresas, arquitectos, estudios de seguridad y salud, memoria del proyecto de derribo e informes municipales en los que Barcina basó su actuación. UPN ha indicado que los grupos accederán a esos datos, "pero no en estos momentos", según Ezpeleta. Pese a ello, la oposición planteará mañana sus demandas de información en una reunión de la comisión de Urbanismo, en la que está previsto que Barcina explique la situación creada tras el desalojo, que ocasionó cinco días consecutivos de disturbios en el centro de la ciudad. Los grupos recuerdan que el reglamento del consistorio le obliga a responder a sus solicitudes en un máximo de cinco días.

UPN quiere convertir el solar en un aparcamiento provisional durante al menos un año, mientras se desarrolla el expediente de construcción del centro hidrotermal para los vecinos prometido por Barcina. El grupo socialista ha rechazado esa idea y ha exigido que UPN y a su socio de gobierno, CDN, que inicien de inmediato la construcción de un polideportivo en el lugar.

Miguel Ángel García Undiano, portavoz del PSN, ha recordado que el consistorio aprobó una enmienda de su grupo que aumentaba en 300.000 euros la partida para comprar el antiguo frontón con el objetivo de adecuarlo como polideportivo, atendiendo a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana del centro histórico. Sólo Aralar rechazó la propuesta. "Destinarlo a aparcamiento no es serio porque no se puede modificar el destino de la compra, aunque se diga que es provisional", señala García Undiano.

IU subrayó ayer que llevará a los tribunales al equipo de gobierno si sigue ocultando información a los grupos sobre las "ilegalidades" denunciadas en el derribo. La federación apunta que así se evitará que "las tradicionales ilegalidades urbanísticas queden impunes por las maneras de hacer de una alcaldesa autoritaria y un equipo de gobierno insolvente". IU pedirá mañana en la comisión de urbanismo compromisos "concretos y firmes" que aseguren que en el solar se construirá la instalación hidrotermal prometida para que el proyecto no se quede en un simple "anuncio publicitario".

El Colegio de Arquitectos Vasconavarro ya reclamó al Ayuntamiento información, tras la denuncia presentada por uno de sus miembros sobre la presunta vulneración de la ley en el derribo del inmueble.

El edil de Aralar Javier Eskubi colocó en la mañana de ayer una pancarta con el lema Gaztetxea bai en el balcón de su despacho en la casa consistorial. La pancarta fue retirada por orden de la Policía Municipal.

De todos los edificios ocupados en Pamplona en los últimos días tan sólo en uno de ellos permanecen los okupas. Se trata de un chalé del barrio de Iturrama propiedad de una inmobiliaria local. Al desalojo de la antigua iglesia de Jesús y María y el Palacio de Mendillorri se unió la salida voluntaria de los ocupantes de una nave industrial del barrio de Rochapea. Los jóvenes negocian con sus dueños la cesión de otro local en la zona para realizar actividades. La empresa propietaria dice que planteará la cesión siempre que se respete la legalidad.