Rajoy rechaza la financiación de clases de religiones "ajenas a nuestra cultura"

El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que no es "partidario de financiar la enseñanza de las religiones que no estén en nuestra cultura". Rajoy matizó que se refiere a las que cuentan con "normas penales" o "sobre costumbres", o a las que "traten a la mujer con menosprecio". El Gobierno respondió ayer al PP que la Constitución garantiza la enseñanza de las religiones en la escuela y establece la obligación del Estado de cooperar con las instituciones religiosas para ello. El Ejecutivo afirma además que en los ocho años de Gobierno del PP "no se desarrollaron los acuerdos para garantizar la enseñanza de religiones que no fueran la católica".

Rajoy hizo estas declaraciones al ser preguntado por Europa Press en relación con la financiación de la enseñanza de las otras religiones en los colegios, entre ellas, la islámica. El líder de la oposición manifestó: "Desde luego, de lo que no soy partidario es de financiar la enseñanza de religiones que no estén en nuestra cultura, no estén en el respeto a nuestros valores constitucionales que, a fin de cuentas, son los valores que responden a nuestra tradición, a nuestra cultura y a lo que nosotros hemos votado".

De acuerdo con la normativa vigente, los alumnos pueden recibir clase en la asignatura de Religión de cualquiera de las cuatro religiones consideradas de especial arraigo en España y con cuyas iglesias se han firmado convenios: católica, islámica, evangelista y judía. Para solicitar al Ministerio de Educación la financiación de cada profesor de estas religiones, debe haber un mínimo de 10 alumnos que soliciten cursarla. El Gobierno está actualizando estos acuerdos.

El Ejecutivo respondió ayer al líder del PP recordándole que "la enseñanza de las religiones en la escuela aparece recogida en el artículo 27.3 de la Constitución, así como la obligación de los poderes públicos de garantizar a los padres y a los alumnos el estudio de la religión que elijan", manifestó el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea. "La Constitución dice que ninguna confesión tiene carácter estatal", añadió, "y la formación religiosa en los centros públicos aparece además regulada en este sentido en la ley de libertad religiosa de 1980", en la etapa de gobierno de UCD.

La regulación de los acuerdos con las diferentes iglesias es competencia del Ministerio de Justicia. En ellos se incluye, entre otras cuestiones, la cooperación y financiación de la enseñanza de las religiones. Ésta debe ser posteriormente desarrollada por el Ministerio de Educación para facilitar la contratación de los profesores necesarios para impartir las clases.

Sin embargo, el Ejecutivo afirma que los últimos acuerdos firmados en 1992 con las distintas confesiones para la enseñanza de la religión en los colegios "no fueron desarrollados en los ocho años de gobierno del PP, a excepción del católico, con lo que no se ha respetado el principio de igualdad y neutralidad", señala el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra. Y añade que los datos hablan por sí solos: "En los últimos años se han contratado 20 profesores de religión islámica en el territorio en que tiene competencias la Administración central y se calcula que en España hay 600.000 personas de religión islámica. Lo único que está haciendo el Gobierno es normalizar esta situación".

"Discriminación"

En relación con las declaraciones de Rajoy, López Guerra afirma que "no puede haber discriminación de unas confesiones sobre otras, por lo que si se financiara a unas sí y a otras no en función de lo que se considere la cultura española, esto supondría dar un tratamiento discriminatorio, porque la Constitución española no discrimina a este respecto".

El secretario de Estado de Justicia añade que "en cualquier caso, el Gobierno siempre garantizará el respeto de los valores constitucionales en esas enseñanzas y la ausencia de posiciones extremistas y contrarias a los valores de la Constitución". López Guerra dice que el Gobierno ha mantenido contactos con los responsables de otras confesiones, como la islámica, "y desde luego todas se han manifestado acordes con los mandatos constitucionales", asegura. "Lo que no se puede hacer es transferir a las confesiones como tales la responsabilidad de las conductas que tengan personas concretas", concluye López Guerra.