La Abogacía del Estado, en contra de recurrir al Ejército

La Abogacía del Estado ha informado en sentido negativo la propuesta del subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel Fernández, para que grúas militares trasladasen los vehículos accidentados o averiados tirados en las cunetas del País Vasco hasta espacios habilitados y vigilados de los municipios a fin de paliar los efectos de la huelga de grúas y sus incidencias en la seguridad del tráfico rodado.

El subdelegado del Gobierno en Vizcaya pretendía que el Ejército actuase "en base a criterios de interés general de los usuarios de carreteras y vías públicas" retirando los vehículos averiados para evitar así "accidentes, robos o expoliaciones de los coches". Sin embargo, antes de adoptar ninguna determinación decidió requerir un dictamen del Servicio Jurídico el Estado sobre la viabilidad de la medida.

Según fuentes jurídicas, el informe trasladado por la Abogacía del Estado al subdelegado del Gobierno considera que el País Vasco tiene transferidas competencias en materia de Tráfico, por lo que debe ser el Gobierno vasco el que resuelva la situación.

El informe estudia el problema creado por los gruistas desde el ámbito del derecho de huelga en cuanto puede colisionar con la seguridad del tráfico rodado. Tras constatar que las relaciones entre empresas aseguradoras y empresarios de grúas son muy complejas, en las que no hay relaciones directas entre empleado y empleador, el dictamen concluye que la intensidad de la situación no es tan grave como para justificar una medida como la propuesta, e insiste en que la solución corresponde al Gobierno autónomo vasco.

En las carreteras del País Vasco hay más de 400 vehículos tirados en las cunetas, según la policía autonómica.