Amenazas e implicaciones de la relocalización empresarial

El cierre de plantas empresariales localizadas en los países de altos salarios relativos y su traslado a otros que ofrecen condiciones laborales más ventajosas se ha convertido en el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación social. Las deslocalizaciones de los últimos meses -sobre todo en las industrias de la electrónica y la automoción- han disparado todas las alarmas en las organizaciones sindicales, los partidos políticos y el conjunto de la sociedad, ante la pérdida de capacidad productiva y puestos de trabajo que pudiera generar este proceso.

La preocupación está justificada. Las economías del centro y este de Europa -algunas de las cuales se acaban de integrar en la Unión Europea (UE)- se han convertido en uno de los destinos preferidos por las empresas multinacionales (EMN) europeas, norteamericanas y asiáticas. Amplios segmentos de su economía se encuentran controlados por capitales foráneos, cuya actuación se dirige a conquistar el mercado doméstico y a consolidar plataformas de exportación desde las que desplegar sus estrategias de abastecimiento de los mercados comunitarios. Precisamente, los capitales multinacionales han contribuido a modernizar la estructura exportadora de estos países, muy distinta ahora de la que tenían al comienzo de las transiciones. Además de los productos de corte tradicional, han ganado protagonismo otros de mayor complejidad técnica y valor añadido. Un ejemplo de este viraje se encuentra en la industria de automoción; hace pocos años era una partida residual y ahora está entre los primeros rubros de exportación.

Se precisan actuaciones de mayor calado estratégico que modernicen la economía

No son pocas las multinacionales que utilizan esa amenaza como baza negociadora

Inicialmente, el interés de las EMN estuvo determinado por la privatización masiva de empresas estatales. Ahora, aunque todavía quedan parcelas de la economía por privatizar -sobre todo en el sector servicios-, los grupos foráneos encuentran nuevos argumentos para reforzar su presencia en estos mercados. El crecimiento del producto interior bruto es muy superior al obtenido en la UE y los salarios, a pesar de la tendencia alcista observada en los últimos años, se mantienen muy lejos de los estándares comunitarios, al tiempo que la productividad del trabajo ha experimentado aumentos significativos. A todo ello hay que añadir que el emplazamiento geográfico de algunos de estos países, próximos a los grandes mercados comunitarios, les otorga una indudable ventaja de localización. Así pues, los nuevos socios -y los que ingresen en la UE a partir de 2007- disputan ahora y disputarán en el futuro a la economía española y a las otras economías comunitarias los activos empresariales y los mercados. ¿Qué respuesta dar a este desafío? Como siempre, los defensores de la globalización sin restricciones ofrecen una respuesta contundente e inequívoca. Si los salarios de nuestros rivales son bajos, entonces habrá que insistir en la moderación salarial; si las cotizaciones sociales elevan los costes laborales totales, habrá que aliviar la carga imputable a las empresas; si en los países localizados en el centro y este de Europa se trabaja más horas, se impone revisar la duración de la jornada de trabajo; en fin, si las leyes que protegen los derechos de los trabajadores dificultan el ajuste a la baja de las plantillas o lo encarecen, no hay otra alternativa que diseñar un entorno legal e institucional más flexible.

No son pocas las EMN que están utilizando la amenaza de la relocalización como una eficaz baza negociadora. Exigen y casi siempre consiguen, a cambio de mantener abiertas sus instalaciones, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo -aumento de la jornada laboral y/o reducción de los salarios- encaminadas a mejorar la productividad de los operarios y la competitividad global de la firma. Probablemente, el gran impacto mediático de algunas operaciones de desinversión y la debilidad de las organizaciones sindicales -situadas en la difícil encrucijada de aceptar las imposiciones de la patronal o aparecer como responsables de la pérdida de puestos de trabajo- han dado alas a esta estrategia.

Sin embargo, avanzar en esta dirección no libra a nuestro país del peligro de las deslocalizaciones empresariales. Al contrario, nos sitúa en una dinámica competitiva donde inevitablemente encontraremos a países que han decidido subordinar las políticas sociales y los derechos ciudadanos a las exigencias del mercado internacional. Paradójicamente, los nuevos socios que cuentan con economías más atractivas y competitivas han desplegado un conjunto de políticas destinadas a modernizar sus capacidades productivas y a fortalecer sus instituciones, alejándose de este modo de los preceptos neoliberales tan apreciados en influyentes círculos académicos, empresariales y políticos europeos.

Parece probable que, como en las décadas precedentes, las inversiones extranjeras directas continuarán desempeñando un lugar destacado en el proceso de cambio estructural de nuestra economía; de hecho, la integración del mundo poscomunista no ha provocado una masiva huida de inversiones; las salidas han sido selectivas, afectando a algunos sectores y regiones. Conviene reparar, sin embargo, en que son muchos los países -no sólo europeos, por supuesto- que se disputan el privilegio de recibir a los grupos inversores foráneos.

En este contexto, las políticas económicas y sociales cuyo cometido es ofrecer una cesta de beneficios fiscales, crediticios, laborales y medioambientales para atraer a las EMN ofrecen, en el mejor de los casos, beneficios inmediatos, probablemente insostenibles en el tiempo. Se precisan actuaciones de mayor calado estratégico, que contribuyan a la modernización de nuestra economía y a su desarrollo social, al reforzamiento de las capacidades empresariales, a la renovación de las infraestructuras, a la mejora del sistema educativo y al impulso de las redes de investigación y desarrollo. En este nuevo escenario, la tendencia a la movilidad geográfica de los capitales foráneos se reducirá, en la medida en que sus dinámicas empresariales se articulen más sólidamente con los activos del país, alrededor de segmentos de la economía de mayor valor añadido, al tiempo que los efectos difusores de las inversiones extranjeras directas también serán más amplios y profundos.

Naturalmente, recorrer este camino requiere de una decidida voluntad política que debe sustentarse en un amplio consenso social, pues ni los beneficios serán inmediatos ni los costes insignificantes; tampoco será fácil vencer las resistencias de aquellos grupos cuyos beneficios se nutren de un proceso de globalización de baja densidad institucional.

Los múltiples recovecos de este debate desbordan con mucho el problema de la deslocalización empresarial, que en parte no es sino un pretexto -útil, pues parece dar la razón a los mercados frente a los que desde posiciones intervencionistas los deforman, contribuyendo así a un funcionamiento ineficiente de los mismos- puesto al servicio de un cuestionamiento del denominado modelo social europeo. La deslocalización es una nueva plataforma desde la que promover la desregulación del mercado de trabajo, el recorte en las prestaciones sociales y la reversibilidad de derechos que parecían consolidados. El sometimiento de la esfera social a los dictados del mercado, perfectamente visible por los intereses que lo gobiernan, refuerza un viraje en el proyecto europeo que ya ha comenzado y que cobrará un ímpetu aún mayor con la entrada en vigor de la Constitución europea.

Fernando Luengo es profesor de Economía Aplicada I en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.