Un reguero de funcionarios sancionados

Jesús Calvo, el veterano director de la prisión de Alcalá-Meco (Madrid II) es la última víctima del reguero de funcionarios sancionados que el ex presidente de Banesto Mario Conde va dejando por donde quiera que pasa. A Calvo se le atribuye haber dispensado un "trato de favor" a Conde, la misma acusación que ha producido estragos en las carreras de otros funcionarios que se acercaron demasiado a la esfera de influencia del ex banquero.

Y eso que Calvo fue testigo de excepción en el expediente abierto a la anterior víctima del poder de seducción del ex banquero, la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla. A resultas del expediente abierto por el Poder Judicial en diciembre de 2002, se averiguó que Torrecilla había estado visitando a Mario Conde con cierta asiduidad en la prisión y había presionado a otros jueces para que se le concediera el régimen de semilibertad. Jesús Calvo confirmó entonces que se había sentido "intimidado" por la juez para que emitiese un informe "lo más favorable posible" al tercer grado de Conde, pese a que por entonces apenas había cumplido unos meses de la condena de 20 años que le había impuesto el Tribunal Supremo por el caso Banesto. La juez fuese sancionada con siete meses de suspensión y el traslado de juzgado.

Antes que Calvo y Torrecilla, el juez central Miguel Moreiras también fue expulsado un año de la judicatura y tuvo que dejar la Audiencia Nacional por conceder una entrevista en la que explicaba las razones que le llevaron a decretar la prisión incondicional de Mario Conde por el caso Argentia Trust -el desvío de 600 millones de pesetas para supuestos pagos políticos- y a decretar su libertad siete horas después sin que Conde llegase a pisar la cárcel. "Conde me convenció de que él no se apropió del dinero" dijo entonces Moreiras.

El ámbito de influencia del ex banquero tuvo mucho que ver con la sanción de 100.000 pesetas impuesta al juez Emilio Coronado por insultar al periodista de EL PAÍS Ernesto Ekaizer, después de que éste denunciase que Coronado se había reservado una querella de la esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, en vez de enviarla al reparto.

La querella contra Conde por el caso Banesto también estuvo en el origen de la rebelión de los fiscales indomables que concluiría con el relevo del fiscal jefe José Aranda y la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Márquez es la esposa del juez Javier Gómez de Liaño, -hermano del abogado de Mario Conde-, que fue expulsado y reintegrado a la judicatura por el caso Sogecable, pero sin poder volver a la Audiencia Nacional en 25 años.