Marcha neutralizada

La política española avanza hacia septiembre en marcha neutralizada. Será entonces cuando se planteen en el terreno real las cuestiones esenciales del próximo curso: la política de alianzas que garantice la aprobación de los Presupuestos, por una parte, y las reformas institucionales, por otra. El portavoz socialista López Garrido adelantó ayer la intención de su partido de establecer a partir de otoño alianzas estables que garanticen la mayoría a Zapatero, y su preferencia por hacerlo con IU y ERC. Pero la solidez de esa fórmula se pondrá a prueba en torno a las reformas autonómicas, cuya viabilidad se empezará a discutir en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que prepara el ministro de Administraciones Públicas.

Jordi Sevilla ha remitido un cuestionario a todos los presidentes para que sugieran el formato y agenda de la conferencia. Es evidente la intención de evitar proyectar una imagen de dirigismo del Gobierno. Sin embargo, el propio ministro adelantó en su comparecencia ante el Senado de junio pasado los temas que podrían ser objeto de debate en la primera reunión de esa conferencia, prevista para noviembre: mejora de los mecanismos de cooperación, reforma del Senado y financiación autonómica.

Lo lógico es que la reunión se celebre en el Senado, como ha sugerido su presidente, Javier Rojo, y no en La Moncloa. Pero si se trata de una reunión de los presidentes autonómicos con el del Gobierno, Zapatero está llamado a jugar un papel a la altura de su responsabilidad. Y se sabe poco sobre su posición respecto a las cuestiones más polémicas puestas sobre la mesa este verano: incluir en la reforma constitucional una distinción expresa y nominal entre nacionalidades y regiones, y nuevo modelo de financiación autonómica, entre otros. Es lógico que en temas tan delicados se eviten pronunciamientos que puedan hipotecar futuros acuerdos; pero el exceso de indefinición está propiciando que cobren carta de naturaleza posiciones particulares que será difícil asumir en su momento.

Sobre la financiación autonómica, por ejemplo, parece más inteligente un compromiso de libro blanco realizado por expertos que la puesta en circulación de datos e informes que se corrigen entre sí y vuelven a alentar el fantasma del agravio; y sobre las reformas estatutarias también convendría establecer unos criterios claros, más allá de los obvios de respeto al marco constitucional y amplio consenso. Sería peligroso que la reforma del modelo autonómico, y su estabilidad, dependiera, antes que de demandas sociales constatables, de necesidades coyunturales de apoyos parlamentarios.