Amenazas para la libertad de prensa

¿Debe un periodista revelar su fuente confidencial? ¿Puede un juez obligar a un reportero a revelar el origen de una información? La tensión entre los periodistas que protegen sus fuentes y los jueces que quieren que colaboren en las investigaciones no es nueva, y hay doctrina del Tribunal Supremo de EE UU sobre la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa y el secreto profesional. Pero el debate se ha intensificado en la última semana porque un juez federal de Washington, Thomas F. Hogan, ha condenado por desacato a un periodista, Matthew Cooper. Varios periodistas más han sido citados a declarar. Este caso es más complicado de lo habitual, porque no está claro que al Gobierno le interese que se revelen las fuentes.

Hogan es el juez del que depende la investigación sobre las filtraciones del caso Wilson / Plame. Antes de la guerra de Irak, en 2002, el embajador Joseph Wilson recibió el encargo de la CIA de averiguar si era cierto que Níger había vendido uranio a Irak. Wilson fue al país africano y llegó a la conclusión de que se trataba de una pista falsa. Pero la Administración no tuvo en cuenta el informe, y Bush dijo, en su discurso sobre el estado de la Unión de enero del 2003: "El Gobierno británico ha sabido que Sadam Husein recientemente intentó hacerse con cantidades significativas de uranio en África".

En julio del pasado año, el diplomático escribió un artículo en The New York Times contando su punto de vista. Ocho días después, un columnista publicó que dos altos funcionarios de la Casa Blanca habían filtrado a varios periodistas que la mujer de Wilson, Valerie Plame, le había conseguido el encargo de Níger porque era una agente encubierta de la CIA. El escándalo político fue doble: primero, por la represalia contra Wilson; segundo, porque revelar la identidad de un agente de un servicio de espionaje es un delito federal. El Gobierno se vio obligado a designar a un investigador especial, Patrick Fitgerald, para saber quién había cometido el delito. Aunque un informe del Comité de Inteligencia del Senado de hace un mes cuestiona buena parte del relato de Wilson sobre el uranio y Níger, y abre la sospecha de que, efectivamente, su mujer le recomendó para la misión, la investigación sobre la filtración sigue adelante.

Cinco periodistas han sido llamados a declarar en esta investigación. De los dos primeros, uno, Tim Russert, el prestigioso entrevistador de la NBC, respondió las preguntas porque, según dijo después, en ninguna se le había pedido revelar información confidencial. Otro, el reportero de la revista Time Matthew Cooper, se negó a declarar. El juez entiende que el periodista incurre en desacato y le ha condenado a ir a la cárcel y pagar una multa diaria de 1.000 dólares mientras persista en su actitud. La condena ha sido suspendida porque los abogados de Time y del propio Cooper han recurrido.

Otra periodista, Judith Miller, de The New York Times, recibió el jueves una citación para declarar. El editor, Arthur Sulzberger, señaló que el diario va a intentar anularla y lamentó que se tratara de obligar a la periodista a revelar sus fuentes confidenciales: "Los periodistas no deberían correr el riesgo de ir a la cárcel por dedicarse a informar. Estos procedimientos hacen menos probable que las fuentes hablen sinceramente a los reporteros y, en última instancia, el que sufre es el público". Por su parte, la directora del Comité de Defensa de los Periodistas, Ann Cooper, cree que "la perspectiva de que un periodista estadounidense sea encarcelado es muy inquietante".

Además, la próxima semana se determinará si cinco periodistas incurren en desacato. En este caso, un antiguo científico del laboratorio de Los Álamos, Wen Ho Lee, quiere que estos periodistas revelen sus fuentes porque se ha querellado contra el Departamento de Energía y el FBI para saber qué funcionarios del Gobierno le acusaron injustamente de espionaje.

Los periodistas siempre repiten que el derecho de proteger la identidad de las fuentes es una de las condiciones necesarias para que se pueda hablar de prensa libre. Los jueces y fiscales también insisten en su argumento: cuando se trata de una investigación criminal, el periodista no puede estar al margen de lo que se hace para averiguar la verdad. Los periodistas estadounidenses creen que la Primera Enmienda de la Constitución ampara su derecho a proteger la identidad de sus fuentes. Pero, en 1972, el Tribunal Supremo falló que los periodistas, como el resto de los ciudadanos, "tienen la obligación de proporcionar información relevante en las investigaciones criminales".

En ese fallo, uno de los magistrados, Lewis Powell, expresó sin embargo su preocupación ante la posibilidad de que se utilizara a los medios "como brazo investigador de la Administración" y dejó abierta la posibilidad de que hubiera excepciones a la decisión del alto tribunal. Eso es lo que ha permitido que no se presione en exceso a los periodistas y que en 30 Estados se hayan aprobado leyes que no les obligan a revelar sus fuentes. Pero los jueces estadounidenses, advierten las organizaciones profesionales de prensa, tienden a ser cada vez más inflexibles y no reconocer a los periodistas "ningún privilegio que les exima de prestar testimonio", como ha escrito específicamente el juez Hogan en el caso Cooper, que, muy probablemente, acabará ante el Supremo.