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Reportaje:

El reto de trabajar sin jefes

Los autónomos, 2,8 millones de trabajadores, negocian con el Gobierno mayor protección social

Los datos del Ministerio de Economía y Hacienda indican que las empresas no societarias o individuales suponen el 18,5% del producto interior bruto (PIB). Ése es el peso en la economía de los autónomos, un colectivo heterogéneo, compuesto por profesionales del pequeño comercio, los talleres y, sobre todo, del transporte. El sector del autoempleo se ha organizado para reclamar mayor protección social y cambios en sus condiciones de trabajo, que no son las propias de un empresario, pero tampoco las de un asalariado.

El Gobierno ha abierto con ellos esa vía de diálogo. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se ha comprometido con las organizaciones del sector ATA, UPTA y CEAT-CEOE a negociar reformas de su protección social, crear condiciones para que puedan contratar a familiares directos, para que participen en los procesos de formación profesional y en las medidas contra la siniestralidad, así como a estar representados en el Consejo Económico y Social. Compromisos a los que dan carácter de urgencia fuerzas políticas como CiU y PP.

La pensión media de un autónomo es de 418 euros frente a los 690 del régimen general
Trabajo cree que existe fraude entre las bases de cotización y los ingresos declarados

La reforma partirá de unas condiciones distintas a las del régimen general de asalariados. La gran diferencia es que los autónomos no cotizan por desempleo y, por tanto, no tienen cobertura por esa contingencia. Asimismo tienen un derecho del que carecen los trabajadores por cuenta ajena y es que eligen la base de cotización, al margen de cuáles sean sus ingresos reales. El resultado de esa elección es que un 85% cotiza por la base mínima y un 30% contribuye a la Seguridad Social tan sólo de 15 a 20 años de su vida laboral (en los asalariados la media sube a 28 años). Aunque un 37% desconoce que pueden pagar por una base superior y mejorar así sus prestaciones, según datos de las organizaciones ATA, que lidera Lorenzo Amor, y UPTA, dirigida por Sebastián Reyna.

La Seguridad Social contabiliza 2.834.586 de cotizantes en el régimen especial de autónomos. El colectivo cuenta con "falsos autónomos", que son en realidad asalariados, y que se estiman en 170.000. Por ello el líder de UGT, Cándido Méndez, cree urgente una definición de qué es el autoempleo. La Encuesta de Población Activa diferencia (EPA) entre empleadores (947.000), de los que 400.000 tienen como máximo dos asalariados, y los autónomos o trabajadores independientes (1.840.600). Asimismo detecta 251.700 ocupados en ayudas familiares, que no están dados de alta en la Seguridad Social. Precisamente es una "demanda muy sentida" del sector a la que Caldera se ha mostrado receptivo y está dispuesto a impulsar la contratación de familiares directos.

Sus aportaciones a la Seguridad Social son un 57,19% inferiores a las de los asalariados. Para 2004, está previsto que la base media de cotización de autónomos suponga 814,88 euros, mientras que los trabajadores van a pagar de media 1.280,96 euros. Un nivel que en el autoempleo se ha logrado subir en los últimos años con la progresiva alza de la base mínima hasta 755,40 euros. En el régimen general, donde se paga por ingresos reales, la base mínima es de 555,41 euros en 2004.

Trabajo cree que existe desfase, y posible fraude, entre las bases de cotización y los ingresos que declaran por IRPF, como ha detectado la Agencia Tributaria. Más del 85% de los 2,8 millones de ciudadanos en autoempleo cotizan por la base mínima, aunque tanto Reyna como Amor precisan que esa base es "un 41% más alta que en el régimen general".

Reyna añade que "se ha producido un proceso de regularización y se ha corregido la situación de los años ochenta, cuando en gran medida la economía informal era la actividad autónoma". Una parte del grupo esperaba a estar a una distancia de 16 años de la edad de jubilación (el periodo mínimo para acceder a una pensión contributiva es 15 años) para cotizar por el menor tiempo posible.

Una coincidencia entre la Administración y el sector es que se debe fomentar la "cultura de la cotización". El aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social que se ha empezado a producir hará que las futuras pensiones sean más altas y si las cotizaciones no siguen incrementándose puede haber déficit. Por eso la Seguridad Social defiende "una mejora de la contributividad". Su secretario de Estado, Octavio Granado, asegura que "la mejor garantía para el futuro es pagar más para que la futura pensión sea más generosas". Asimismo se buscan vías para evitar la "compra de pensiones", o dicho de otra manera, impedir que se cotice por el periodo mínimo (15 años) y la base mínima, porque ello obliga a la Seguridad Social a pagar un complemento muy oneroso. Reciben complemento de mínimos en sus pensiones porque no llegan al umbral inferior un 39,5% de los autónomos y un 23,3% del régimen general.

Trabajo subraya las diferencias, en protección, pero también en cotizaciones, que hay respecto al régimen general. En éste, durante 2004, se prevén unos ingresos por cuotas de 60.345 millones de euros, con 12,95 millones de cotizantes, lo que supone una aportación media de 4.659 euros. En el régimen especial de autónomos, se prevé ingresar 7.983 millones de euros, con 2,83 millones de cotizantes, y en su caso la aportación media es de 2.816 euros.

La consecuencia directa de las reducidas cotizaciones es que las pensiones son también bajas. La prestación media en el régimen general se sitúa en 690,68 euros mensuales, mientras que entre los autónomos esa pensión media baja a 417,94 euros. Reyna sostiene que la solución no es subir las bases o los tipos, sino emprender "una campaña de información y de sensibilización entre el colectivo para que paguen más y así puedan mejorar sus prestaciones".

Es discutible si se debe mantener que los autónomos puedan elegir las bases de cotización y si es justa esa distinción respecto a los asalariados. La organización UPTA, vinculada a UGT, y que representa la parte del colectivo con ingresos bajos, sí defiende que se avance en la cotización por ingresos reales. ATA apunta que la situación se ha ido corrigiendo en esa dirección, y recuerda la reforma que impide en los 15 años anteriores a la jubilación (sobre los que se calcula la pensión) subir de repente la base de cotización. Para Granados, es necesario "acabar con el fenómeno de compra de pensiones" y lograr que los autónomos coticen por ingresos reales, al igual que los asalariados lo hacen por el sueldo reflejado en la nómina.

En todo caso, los cambios que se negocien tienen que encajarse en una Seguridad Social viable. Como el conjunto del sistema, el régimen de autónomos cuenta con unos ingresos superiores a los gastos en pensiones, y para el presupuesto de 2004 está previsto un superávit de 1.517 millones de euros. Hace diez años tenía déficit, pero se corrigió con el aumento de las bases de cotización.

Cobertura en caso de desempleo

Ahora los autónomos no pagan la cuota por desempleo y tampoco tienen derecho a la protección de paro. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar un sistema viable ante el cese de actividad. Pero tanto el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, como los dirigentes del sector Sebastián Reyna y Lorenzo Amor reconocen que el diseño entraña dificultades, porque, además de la autofinanciación, requiere medidas de control, dado que es la misma persona la que decide cuándo cesa su actividad, es decir cuándo se autodespide. El líder de CC OO, José María Fidalgo, ha lanzado esta advertencia: "Hay que ser muy prudentes y tomar muchas cautelas".

Granado cree que es un sistema "complicado" y su compromiso es estudiarlo, de momento nada más. La condición sine qua non es que tenga financiación autosuficiente, y probablemente sea un sistema cogestionado por las asociaciones del sector para tener su colaboración y "evitar la picaresca". En todo caso, se trataría de una "cotización obligatoria". Trabajo no repetirá lo que el PP hizo con la cobertura por enfermedad profesional, donde la cuota es voluntaria, y sólo se ha apuntado un 3% del sector, buena parte sufriendo ya enfermedades, por lo que es muy deficitario.

Para UPTA, el problema es si ese sistema es viable actualmente y a qué precio. Defiende un tipo de cotización más bajo al de los asalariados (el 7% del sueldo), también con una protección diferente, y apunta otra vía alternativa: un Fondo de Cobertura Voluntario, aunque en ese caso la tarifa debería ser alta para financiarlo. Lorenzo Amor, admite que un sistema de protección por desempleo "puede ser complicado, pero si hay voluntad es factible". Para evitar el fraude, y para que salgan las cuentas, propone que la cotización sea obligatoria. Coincide con Reyna en que el autónomo "no puede soportar" una cotización del 7% como paga el asalariado, y propone que el tipo esté entre el 3% y el 4%.

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