El Gobierno central también anuncia ayudas para los afectados por el fuego de Sevilla y Huelva

José Antonio Viera, delegado del Gobierno en Andalucía, informó ayer de que el Ejecutivo central aprobará un decreto ley que garantice ayudas fiscales y de empleo a los municipios afectados por el incendio de Riotinto. Estas ayudas, de las que Viera no concretó su cuantía, se unen a las ya ofrecidas por la Junta de Andalucía para las áreas de empleo, restauración forestal, reparación de inmuebles y reconstrucción agrícola. El anuncio del delegado se produjo tras la reunión que mantuvo con los alcaldes de los 13 municipios de Sevilla y Huelva más afectados por el fuego.

José Antonio Viera señaló que las medidas "más llamativas" que se pondrán en marcha en septiembre "serán las de las exenciones fiscales en el ámbito de la Seguridad Social, que dependen del Ministerio de Trabajo, y que beneficiarán a las empresas, con trabajadores por cuenta ajena y propia, que han visto afectada su vida laboral". El decreto ley coordinará, según el delegado, los trabajos de cuatro ministerios: Interior (a través de Protección Civil), Hacienda, Agricultura y Trabajo y Asuntos Sociales.

Viera anunció que, en este sentido, se creará un Plan de Empleo Rural (PER) especial para los trabajadores agrícolas perjudicados. Este plan extraordinario tendrá carácter plurianual y "se implantará en el conjunto de los municipios afectados", indicó. Viera dijo también que, a petición de los alcaldes, van a buscarse fórmulas para generar empleo y riqueza en los terrenos propiedad del Estado que hayan sufrido daños por las llamas. En concreto, aquellos en poder del Ministerio de Trabajo que, por embargo a fincas privadas, pasan a ser dependientes del Instituto de Crédito Oficial.

El delegado del Gobierno hizo público que el Ministerio de Economía y Hacienda pidió ayer un informe de los daños causados por el siniestro para ser remitido a la Unión Europea y demandar ayudas antes del 8 de septiembre. La importancia económica de dichas ayudas dependerá de la evaluación de los daños que se está llevando a cabo en las Unidades Territoriales de Empleo y de Desarrollo Local y Tecnológico. Éstas, para Viera, "juegan un papel muy importante".

Zona catastrófica

José Antonio Viera explicó que, durante la reunión con los ediles, no se había discutido la posibilidad de declarar la superficie quemada como zona catastrófica. "Éste es un término que se ha venido usando, pero los alcaldes saben que el hecho de que ahora no se haga no significa que no se trabaje con todos los elementos legales y presupuestarios para abordar esta catástrofe lo antes posible".

Mientras, la Asociación Andaluza de Empresas Forestales (AAEF) sí demandó ayer la declaración de zona catastrófica. Javier Loscertales, gerente de la AAEF explicó: "Pedimos esta declaración porque se invertirá más en la zona, pero entendemos la postura de la Junta, porque dicha declaración implicaría más lentitud en cuanto a actuaciones urgentes, como evitar plagas o evitar que las cenizas lleguen a los pantanos".