Fuga de empresas

La política industrial del Gobierno deberá prestar atención preferente a los problemas de pérdida de tejido industrial y, por lo tanto, de riqueza, que se derivan del fenómeno de la deslocalización de empresas: el traslado de actividades productivas desde los países industrializados a los países en vías de desarrollo en busca de mejores condiciones laborales y fiscales. En España se han dado casos sonados, como los de Samsung, Lear, Valeo, Levi's o Fontaneda y, quizá por lo aparatoso de algunas pérdidas de empleo, abundaron los análisis económicos catastrofistas, que anunciaron que los países del este de Europa y China serían los nuevos polos de atracción mundial de las inversiones.

Ese peligro existe, pero las fuerzas políticas y sociales se han puesto en marcha para hacerle frente. Europa se dispone a dictar normas para recuperar las ayudas públicas concedidas a las empresas que se instalen en su suelo en caso de que decidan huir a otras zonas económicas en un plazo inferior a siete años; Cataluña aplicará leyes en el mismo sentido, y los sindicatos de las empresas automovilísticas, el sector más afectado por las deslocalizaciones, insisten en negociar acuerdos a largo plazo con las empresas que eviten las fugas prematuras. Son las nuevas recetas contra la deslocalización.

Es natural que las medidas citadas susciten diversos grados de confianza. La exigencia de devolver las subvenciones públicas en caso de deslocalización parece un movimiento lógico para evitar la sensación de abuso que producen casos como los de Samsung, que desmanteló sus fábricas en Cataluña a pesar de sus beneficios. Pero plantea el problema inverso: el efecto disuasorio sobre empresas dispuestas a invertir en una zona, que pueden renunciar si consideran como un coste esa posibilidad de devolución futura de las subvenciones. Es, por tanto, un recurso antifuga que debe aplicarse con cuidado y siempre teniendo en consideración las condiciones de cada empresa.

Los pactos sociales entre los representantes de los trabajadores y las empresas ofrecen una posibilidad menos drástica, pero probablemente más segura. Los sindicatos cambian paz social y disposición para negociar con flexibilidad los aspectos más esquinados de las relaciones laborales a cambio de largos periodos de producción y, lo que es más importante, inversiones en formación y en capital tecnológico, que contribuyen a enraizar la producción en cada zona. Las economías industrializadas no pueden competir con países como la República Checa o China en términos de costes laborales más bajos e impuestos más reducidos; sólo puede hacerlo si ofrece más valor añadido por unidad de producto. Y para ello es imprescindible aumentar la formación de las trabajadores y la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

La deslocalización está contribuyendo a cambiar las condiciones laborales de las empresas. Los sindicatos aceptan ya con pocas reservas negociar condiciones de competitividad o flexibilidad laboral. En Alemania, incluso se exponen públicamente, aunque el debate sea enconado, propuestas para aumentar la jornada semanal a 40 horas. Todos los pactos laborales, en España o en Alemania, deberían seguir dos principios básicos: se puede y se debe negociar sobre todo, pero no deberían aceptarse retrocesos en los beneficios sociales básicos.