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Reportaje:

Barcelona, capital de la ocupación

150 edificios de la capital catalana están tomados por activistas de un colectivo cada vez más grande y heterogéneo

Miquel Noguer

Han pasado 20 años desde que un grupo de jóvenes se lanzó por primera vez a la aventura de ocupar un edificio en la ciudad de Barcelona como medio de protesta. Aquellos okupas pioneros no aguantaron más de 24 horas el embate de la policía, pero su actuación sirvió para que germinase un movimiento de protesta tan radical como heterogéneo que ha acabado convirtiendo la capital catalana en el centro de referencia de los okupas españoles.

El desalojo de la simbólica fábrica Hamsa de Barcelona efectuado por la policía el pasado miércoles y los violentos incidentes que salpicaron la posterior manifestación de protesta han demostrado una vez más la robustez de este movimiento, que tiene en su cartera de casas ocupadas hasta 150 edificios en el conjunto del área metropolitana de Barcelona y más de mil personas viviendo en ellos. Jóvenes y no tan jóvenes de todas las condiciones sociales, incluidos numerosos hijos de profesionales liberales, se han sumado a estos grupos que, sin grandes conexiones entre ellos, han logrado hacer frente a la presión de la policía.

"Hemos tenido 200 desalojos en ocho años, pero seguiremos ocupando"
"Comparto la rabia de quienes causaron los destrozos, pero no su forma de actuar"

Pero ¿por qué es tan fuerte el movimiento okupa en Cataluña? "Además de su tradición libertaria, Barcelona ha encabezado los movimientos sociales de los últimos años y los okupas siempre hemos estado allí, ya fuera para protestar contra la guerra de Irak, la Cumbre europea de 2002 o la reunión del Banco Mundial en 2001; esto ha fortalecido mucho el movimiento", explica Albert Martínez, seudónimo del portavoz de la Asamblea de Okupas de Barcelona.

El movimiento okupa no ha dejado de crecer en Cataluña reforzando su papel dentro de los movimientos sociales y respondiendo con nuevas ocupaciones cada vez que la policía ha desalojado una casa. Y los desalojos no han sido pocos. "Hemos tenido casi 200 en los últimos ocho años, pero nuestra determinación es la de seguir ocupando nuevos edificios abandonados".

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Ocupando estos edificios deshabitados y utilizándolos como centros de protesta social para luchar contra la especulación y la precariedad laboral, el movimiento okupa ha madurado mucho pero no ha podido escapar de ser percibido como un colectivo violento tras numerosos incidentes con la policía durante los desalojos y la detención de algunos de sus miembros por su supuesta relación con la banda terrorista ETA.

1996 fue el momento de inflexión hacia la radicalización del colectivo, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Código Penal que, por primera vez en 150 años, consideraba delito la ocupación de dependencias abandonadas. Una de las primeras consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Código fue el violento desalojo del cine Princesa de Barcelona, que acabó con 40 detenidos. El desalojo del antiguo cine recibió intensas críticas desde dentro y fuera del movimiento okupa por la violencia y espectacularidad que en algunos momentos utilizó la policía y el enorme despliegue de medios, con helicóptero y equipos de asalto incluidos. "Aquel desalojo marcó un antes y un después en el movimiento okupa", explica el abogado Jaume Asens, miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

Bajo el Gobierno del PP, los okupas y la Administración se enzarzaron en una espiral de conflictos que culminó con la detención, en 2001, de varios de sus miembros acusados de colaborar con ETA. Una de las detenidas, Laura Riera, sigue pendiente de juicio acusada de pasar información a los terroristas a sobre el concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, a quien ETA asesinó.

La mayor parte de okupas destaca la creciente heterogeneidad del colectivo para defender el espíritu no violento del conjunto del movimiento y lamentan que sólo se hable de los okupas cuando hay desalojos. "Nunca se habla de la violencia que comportan las injusticias de nuestra sociedad; en cambio, la quema de unos cuantos contenedores o los destrozos en un banco siempre son noticia", lamenta Ada Colau, simpatizante del movimiento. "Comparto la rabia de quienes causaron los destrozos del pasado miércoles, pero no su forma de expresión", afirma Colau quien, sin embargo, no condena tales acciones: "Yo no soy juez".

Agentes de la policía, durante el desalojo del cine Princesa de Barcelona en octubre de 1996.
Agentes de la policía, durante el desalojo del cine Princesa de Barcelona en octubre de 1996.JOAN SÁNCHEZ

Acciones judiciales contra los alborotadores

El Ayuntamiento de Barcelona se querellará contra los causantes de los incidentes registrados el pasado miércoles tras la manifestación contra el desalojo de la fábrica ocupada Hamsa, en la que resultaron heridas cinco personas y varias tiendas, bancos y cajas sufrieron numerosos desperfectos. El alcalde accidental de la ciudad, José Cuervo, anunció ayer que los servicios jurídicos del consistorio emprenderán acciones judiciales "también por la vía penal".

Al término de la marcha, que transcurrió pacíficamente por el barrio Sants de Barcelona, un grupo de encapuchados volcó e incendió contenedores de basura y lanzó piedras y vallas metálicas contra la policía y los vidrios de entidades bancarias e inmobiliarias de la zona. El Ayuntamiento de Barcelona calificó los incidentes de "graves e intolerables".

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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