300 años de bloqueo

La recuperación de Gibraltar no figura seguramente entre las preocupaciones principales de los españoles, pero eso no justifica que los británicos tengan a gala agraviar periódicamente a los gobiernos y ciudadanos de este país a cuenta del Peñón famoso. Han vuelto a hacerlo ahora, a sabiendas de la reacción que provocaría, al enviar a su ministro de Defensa a la celebración del 300º aniversario de la conquista militar de ese territorio. Se trata del tercer gesto inamistoso en pocos meses, tras la visita de la princesa Ana y la del submarino Tireless, que ya suscitaron protestas diplomáticas.

Hemos pasado, así pues, de la perspectiva, que pareció inminente hace dos años, de un acuerdo en torno a una fórmula de soberanía compartida, a la provocación gratuita. En medio lo que hubo fueron las protestas de las autoridades gibraltareñas, con Peter Caruana a la cabeza, que incluso convocó un referéndum oficioso contra esa fórmula. Ello dio a Londres una coartada para congelar el proceso.

Pero también ha habido el tránsito del Blair triunfante de 2002, tras ganar por amplia mayoría sus segundas elecciones, al Blair debilitado que prepara las de la próxima primavera: no quiere dejar en manos conservadoras la bandera del Gibraltar británico. Seguramente eso es lo que hay, sin que sea preciso buscar más pies al gato: ni la falta de sintonía personal entre Blair y Zapatero que esgrimen los aznaristas, ni la represalia por la retirada de Irak que invocan algunos ministros. Tiene razón el de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al considerar insólito que a estas alturas de la Unión Europea se celebre el triunfo militar, seguido de ocupación territorial, de un Estado miembro sobre otro que también lo es. Y no la tiene Caruana al decir que la celebración "no es asunto de España". Lo es, como se deduce de las resoluciones de la ONU amparando la reivindicación española.

Discutir del asunto basándose en la literalidad del acuerdo de Utretch de 1713 tiene poco sentido una vez culminado el proceso de descolonización en todo el mundo. Tampoco tiene sentido ampararse en la voluntad de los habitantes actuales de Gibraltar cuando el contencioso consiste precisamente en la impugnación por parte de España de que ese criterio deba imponerse sobre el de recuperación de la integridad territorial. Hoy se trata de un problema heredado que enfrenta a dos países aliados y que debe resolverse mediante negociaciones; y precisamente en el marco de la UE. Bruselas tiene bazas a jugar para desbloquear la situación: por ejemplo, obligar a Londres a acabar con la situación de paraíso fiscal y centro internacional de contrabando que tanto favorece la adhesión de los gibraltareños al statu quo actual.