Obras a velocidad de crucero

Una de las primeras decisiones de Manuel Chaves al formar su quinto gobierno consecutivo en Andalucía afectó de lleno a la Consejería de Obras Públicas. A partir de esta legislatura, las competencias del agua pasan a ser gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente. Obras Públicas se ha quedado sin las competencias justo cuando la Junta logra el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur. Pero, con ser importante, ése ha sido casi el único cambio respecto a la anterior legislatura. Una continuidad que ha facilitado una actividad intensa en sus primeros cien días.

Las pequeñas revoluciones de los nuevos gobiernos también han estado alejadas del equipo que dirige de nuevo Concepción Gutiérrez. Una estructura similar y el natural desarrollo de proyectos ya iniciados en la anterior legislatura ha permitido a Gutiérrez presentar a este primer examen trimestral un listado de actuaciones sin comparación en otras consejerías.

El rescate parcial del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla, la decisión más polémica

En el desarrollo de un servicio ferroviario de velocidad alta entre las capitales andaluzas, su proyecto estrella para esta década, la llegada de los socialistas al Gobierno central ha desbloqueado la situación. Gutiérrez y la nueva ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (ex consejera de Economía de la Junta) pactaron repartirse la construcción de una doble vía electrificada y adaptada a alta velocidad en el eje transversal Sevilla-Almería. El Ejecutivo andaluz asumirá el trayecto Sevilla-Bobadilla (Málaga), mientras que Fomento hará el resto (Bobadilla-Granada-Almería). En este tiempo, la Junta ha finalizado el tramo Loja-Tocón (iniciado en la pasada legislatura e incluido ahora en la parte que corresponde a Fomento) y ha licitado tres tramos en el trayecto Sevilla-Bobadilla, que le costarán 100 millones de euros.

Las líneas de metro en Sevilla, Málaga y Granada también se han impulsado en estos tres meses. En Sevilla, el proyecto más avanzado, se han iniciado dos estaciones y las obras marchan para que el metro esté operativo en 2006. En Málaga, se acaba de adjudicar la construcción de las dos primeras líneas a un grupo liderado por FCC. Y en Granada, se ha licitado el diseño de tres de los cuatro tramos y se ha creado una comisión con el Ayuntamiento para solucionar las diferencias en el cuarto.

En carreteras, la Junta ha aprobado ya el plan de mejora de la red autonómica diseñado la pasada legislatura. En esta materia ha tenido que tomar una de las decisiones más controvertidas de este arranque de legislatura. El PSOE había hecho de la eliminación del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (la única autopista en España sin alternativa gratuita) una reivindicación continua ante el anterior Gobierno central (PP). Y la llegada de Álvarez a Fomento abría la expectativa de un inminente rescate de la concesión, financiado al 50% por ambas administraciones. Sin embargo, la nueva ministra de Fomento se ha encontrado con un presupuesto comprometido casi al 100% para los próximos dos años. Y decidió limitar el compromiso a desdoblar la carretera entre Jerez y Sevilla, una opción que permitirá una autovía alternativa y gratuita, pero dentro de varios años. Gutiérrez tuvo que comprometerse a rescatar el peaje entre Cádiz y Jerez, el tramo restante, en una operación que no se formalizará hasta 2005.

Lo ocurrido con el peaje da una pista de cuál va a ser el factor determinante para que muchos de los proyectos iniciados por Obras Públicas lleguen a buen puerto: la aportación económica de Fomento. El dinero del Ministerio, que está en plena revisión del plan de infraestructuras heredado del PP, es vital para el metro y el servicio ferroviario. Y la culminación de varias autovías estatales (Granada-Motril, costa gaditana, Ruta de la Plata, Córdoba-Antequera), crucial para agilizar el tráfico por carretera.

En el otro pilar de la consejería, la política de vivienda, la principal actuación ha sido legislativa: la pasada semana, Gutiérrez aprovechó la actualización forzada por el nuevo plan de vivienda nacional para ampliar el límite de ingresos en el acceso a una vivienda de protección oficial en Andalucía. Pero no será hasta diciembre, cuando se pueda evaluar si las previsiones del plan andaluz (100.000 nuevas VPO esta legislatura) van por buen camino. Entonces, la Junta comprobará si los ayuntamientos con los que ha firmado convenios han cumplido con la necesaria cesión de suelos para construir las nuevas casas.