22 años y 100 días

Hoy se cumplen 100 días desde que los 14 consejeros del Gobierno andaluz (ocho mujeres y seis hombres) tomaron posesión de sus cargos, un breve periodo de tiempo en el que se ha puesto fin a una etapa de ocho años de enfrentamiento con el anterior Ejecutivo central del Partido Popular. Las relaciones entre los Gobiernos central y andaluz, presididos por los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves, se rigen por la cooperación, la normalidad y el diálogo y eso, aunque resulte paradójico, ha sido noticia.

La visita de Zapatero y de cinco de sus ministros a la toma de posesión de Manuel Chaves en el Parlamento andaluz como presidente de la Junta; las entrevistas con los responsables de los ministerios; el intercambio de información sobre previsiones económicas, que ha permitido a Economía y Hacienda facilitar por primera vez en ocho años un avance de sus cálculos de ingresos para el próximo ejercicio han sido algunos gestos que han aparecido revestidos de excepcionalidad, porque lo habitual, cuando Aznar estaba en la Moncloa y Chaves en San Telmo, era la incomunicación.

Pero en estos tres meses no sólo ha habido gestos y palabras de acercamiento entre los dos gobiernos, sino hechos que avalan el fin del enfrentamiento institucional, aunque el nuevo clima de relaciones recibe calificativos antónimos si la valoración procede del PSOE o de los grupos de la oposición.

El presidente andaluz situó como primer objetivo de los primeros días de su quinto mandato dar carpetazo al conflicto generado por el modelo de financiación autonómica vigente en el quinquenio 1997-2001, una discrepancia que dominó las dos últimas legislaturas.

En su investidura, Chaves empeñó su palabra y su "credibilidad" al emplazar a un acuerdo para el pago de la deuda antes del 30 de junio. Desde ese mismo momento y aunque aún el Ejecutivo autónomo no había tomado posesión, los responsables económicos de ambos gabinetes -Pedro Solbes y José Antonio Griñán- empezaron a trabajar para convocar antes de la fecha marcada por el presidente de la Junta la Comisión Mixta de Transferencias. El 10 de junio se firmó en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas el acuerdo que puso fin a un litigio de casi ocho años por el que el Gobierno central se comprometió a abonar a la Administración autonómica 2.500.034.925 euros, una cifra sensiblemente inferior a la reclamada originariamente por los socialistas -la evaluaron en 4.600 millones de euros-, pero aceptada antes de la campaña de las elecciones autonómicas y legislativas del 14 de marzo a raíz de un propuesta de la entonces presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez.

El acuerdo supuso también la retirada de los 13 recursos presentados por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional y las salas de lo contencioso-administrativo, un desistimiento al que semanas más tarde se sumó el Parlamento de Andalucía, que con sólo los votos del grupo socialista, con mayoría absoluta, acordó retirar las cinco demandas registradas en el Tribunal Constitucional, aunque se mantienen vivos los argumentos jurídicos relativos a la llamada deuda histórica.

La maraña de litigios sobre otras materias también han empezado a desenredarse: el Constitucional levantó la suspensión de parte de la ley andaluza de cajas que afectaba a Cajasur y el Gobierno central se ha comprometido a devolver las competencias de la comunidad en esta entidad con una modificación de la ley financiera en el trámite de los Presupuestos Generales para el 2005. Ambos Ejecutivos también han retirado sus recursos sobre la investigación con células madre.

En el mismo acuerdo de financiación también se puso fin a la sequía de traspasos de competencias a la comunidad de los últimos ocho años. Una docena de nuevas transferencias se han producido en estos tres meses -con un coste global de 90,8 millones de euros y 905 funcionarios- entre las que destaca la de la Confederación Hidrográfica del Sur.

A diferencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el que preside Chaves no se ha caracterizado por adoptar una batería de medidas de gestión para visualizar el cambio -al fin y al cabo el PSOE suma a sus 22 años seguidos de Gobierno en Andalucía 100 días más- aunque ha apuntado un bloque de iniciativas políticas cuyo desarrollo van a consumir gran parte de la legislatura entre las que se encuentran la reforma del Estatuto de Autonomía, la elaboración de un código de conducta de los cargos públicos, un acuerdo para garantizar la paridad en la política y la desgubernamentalización de la televisión autonómica andaluza.