Un barrio con padrino
A diferencia de otros desarrollos, la nueva sede de Telefónica acelera la construcción de las infraestructuras
Los más de 30.000 futuros inquilinos del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Las Tablas sufren las consecuencias de la especulación. Sobre todo aquellos que vivirán en alguno de los 7.251 pisos de protección oficial del nuevo barrio. "Para comprar una vivienda protegida, tasada por la Comunidad en, por ejemplo, 108.000 euros, las promotoras la venden por 156.000 o 168.000 euros, más o menos, dependiendo de los metros cuadrados", afirma una mujer que prefiere no ver publicado su nombre por miedo a perder el piso que lleva esperando desde hace años.
"Todo es legal y firmas sabiendo que te están engañando", continúa. "Las promotoras sacan sus beneficios [la diferencia entre el precio legal y el real] de una segunda plaza de garaje, locales comerciales y todo lo que ellos quieran", afirma. "Encima tienen la prepotencia de decir que esto es lo que hay. Si no estás de acuerdo te devuelven todo el dinero, ya que hay doscientas personas más esperando y que por ese precio deberías dar las gracias, si tienes en cuenta el precio de la vivienda libre", asegura indignada.
El PAU debería estar desarrollado ya en 2001, pero hoy sólo el 60% está en obras
Unos 14.000 empleados de Telefónica irán a trabajar allí todos los días a partir de 2007
Las Tablas está en el distrito de Fuencarral-El Pardo y hace tres años que ya tendría que estar desarrollado, según el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Pero tras múltiples retrasos, causados por diferentes razones (la especulación, problemas con las licencias e incluso el mal tiempo que llegó a paralizar las obras varias veces), sólo el 60% de sus 12.272 viviendas están ya construidas o en obras, según datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Durante todo este tiempo, y al igual que en el PAU de Montecarmelo (ver EL PAÍS del 25 de julio), el nuevo barrio de Las Tablas ha sido objeto de especulación por parte de algunas empresas promotoras. La causa: el precio del suelo en el norte de Madrid es cada vez más alto y la zona es muy codiciada por los compradores.
La gestión privada de los nuevos barrios está en el origen de este desajuste entre el precio protegido y el que pagan los futuros inquilinos, asegura Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista en la Asamblea. Los sobreprecios se deben a que se suceden las operaciones de compra-venta de los terrenos, subiendo su valor tras cada operación, plusvalía que al final se cobra en forma de plazas de garaje y trasteros.
Sin embargo, está lejos de ser una práctica ilegal. El 14 de marzo de 2002, la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Comunidad aprobó un decreto (45/2002) que liberalizaba la venta del suelo protegido, "cargándose así los topes del precio del suelo, lo que repercute sobre el precio de las viviendas protegidas", según Fernández Gordillo. Esto hace imposible que, al final, se respete el precio por metro cuadrado de vivienda protegida fijado por los módulos de la Comunidad: las cooperativas o promotoras, cuando compran suelo para edificar, tienen que pagar una cantidad que luego no cubren si cobrasen a los inquilinos la cantidad máxima que establece la Comunidad, por lo que recurren al sobreprecio.
Sin embargo, a pesar de la especulación y de los retrasos, el PAU avanza en su desarrollo. El Ayuntamiento ya ha concedido 556 licencias de primera ocupación, según datos de la Gerencia de Urbanismo. Es decir, ya hay unas 1.500 personas viviendo allí. Pero ocurre poco más, ya que los equipamientos básicos, como colegios o centros de salud, no están construidos. La gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón, explica que la puesta en marcha de estos equipamientos "depende de las diferentes administraciones y de que sean aprobados en sus respectivos presupuestos". Antes de que esto ocurra, advierte que tiene que vivir allí un número de personas suficiente para crear la demanda necesaria. Eso todavía no se ha producido, ya que, en los PAU del norte, hoy sólo viven unas 15.000 personas, cuando la capacidad total de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro es de más de 100.000 personas.
El déficit de infraestructura se refleja, por ejemplo, en la falta de transportes públicos y de viales de acceso a los nuevos barrios, como es el caso de Montecarmelo. Sin embargo, a diferencia de este PAU, Las Tablas cuenta con un factor de presión incomparable frente a la Administración: Telefónica instalará allí su sede a partir de 2007. Unos 14.000 empleados de la compañía irán a trabajar allí todos los días, y en materia de transportes eso se nota, aseguran algunos futuros vecinos.
David López vive desde hace ocho meses en el nuevo barrio y afirma que esta presión ya ha dado sus frutos: una línea de la EMT, el proyecto del Metro ligero y la construcción de nuevos accesos a la M-40 y la A-1. "Hasta hace poco", explica, "sólo teníamos una línea de autobuses interurbanos que hace la ruta a Alcobendas. Pero la presión de Telefónica ha cambiado las cosas", asegura. Pero de poco sirve, de momento, para lo que no sea transporte. "Aquí sólo tenemos una guardería privada", dice David. "En este barrio vive mucha gente joven con niños pequeños, y, claro, al ser la única guardería, todos mandan allí a sus hijos. Y no es precisamente barata", explica.
Pero no todos los nuevos vecinos ven problemas en el PAU. Con un régimen de protección menor, muchos de los futuros inquilinos de las 3.800 viviendas de precio tasado -con menos de 120 metros cuadrados útiles-, aseguran estar, como refleja Irene Curto, de 27 años, "muy satisfechos" con sus respectivas cooperativas. "Han cumplido con todo lo prometido", dice. En noviembre de 2002 su cooperativa confirmó que tendrá su piso en Las Tablas. Ahora, esta joven y soltera, ya tiene las llaves de su nueva casa, a la que irá a vivir dentro de pocas semanas: dos habitaciones, dos cuartos de baño. Todo por 144.000 euros.
