Los jueces dicen que Barranco carece de avales para afrontar la ejecución de la sentencia

La resolución del Tribunal Superior dice textualmente: "La parte que insta la ejecución provisional de la sentencia [el ex alcalde socialista Juan Barranco] no ha ofrecido prestar fianza o aval para responder de los daños o perjuicios que dicha ejecución anticipada pudiera causar" si el Tribunal Supremo anula la sentencia en virtud del recurso presentado por el Ayuntamiento y la Comunidad. Aunque la jurisprudencia del Supremo permite la ejecución provisional de una sentencia en espera de la resolución del recurso, en este caso el TSJM consideró que "no es aplicable", ya que el aval necesario para indemnizar a los afectados en caso de anulación de la sentencia por el Tribunal Supremo "resulta de imposible cuantificación".

La ejecución de esta sentencia supondría la paralización del desarrollo de 28 nuevos barrios de la capital. En total más de 7.000 hectáreas, donde se construirán más de 180.000 viviendas. Los nuevos barrios afectados por la sentencia incluyen los PAU (Programa de Actuación Urbanística) del norte de Madrid, tres de los cuales -Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro- se encuentran en un estado de desarrollo bastante avanzado, con casi 15.000 personas viviendo ya allí y con la mayoría de los edificios en obras.

Paralizar la construcción de estos nuevos barrios supondría graves perjucios para los nuevos vecinos que ya están habitando sus casas y también a aquellos que, en breve, recibirán sus pisos tras años de espera debido a los múltiples retrasos que han sufrido los PAU.

Zonas sin urbanizar

El concejal socialista Félix Arias, responsable del área de Urbanismo de su grupo municipal, afirmó ayer que el PSOE acepta la decisión judicial, aunque insistió: "Nosotros pedimos en su momento la ejecución de la sentencia en zonas que todavía no estaban o están urbanizadas [para evitar perjuicios a los nuevos vecinos]". En este sentido, su desarrollo tendría que haber esperado a que el Supremo se pronunciase, afirmó.

Éste sería el caso de algunos de los nuevos barrios del sureste -la llamada Estrategia del Sureste- cuyo desarrollo el Ayuntamiento ha anunciado a partir del próximo otoño. En concreto, los afectados serían Valdecarros, Los Berrocales -cuyo plan parcial fue aprobado por el Consistorio la semana pasada-, Los Cerros y Los Ahijones. En estas zonas todavía no hay ninguna vivienda construida, a pesar de que algunas promotoras habían prometido la entrega de los pisos en 2003, cobrándolos desde 1998.

Pero el Ayuntamiento ha proseguido los trámites de su desarrollo a pesar de la sentencia del Superior. El proyecto se desarrollará en un suelo calificado como de "especial protección" por el Plan General de 1985, que cambió a "urbanizable" en el de 1997. Sin embargo, al ser admitido el recurso del Ayuntamiento y la Comunidad por el Supremo, el Consistorio entendió que podía seguir desarrollando estas zonas hasta que el alto tribunal no dijese lo contrario.

Esta decisión fue argumentada por el anterior gerente de Urbanismo, Enrique Zozaya, (ver EL PAÍS del 2 de abril de 2004) quien afirmó que si denegaba cualquier licencia a la espera de la sentencia definitiva, estaría cometiendo prevaricación (dictar una resolución injusta de forma consciente), ya que "la única legislación vigente en este momento es el Plan General de 1997, y es la que hay que aplicar".

El problema está ahora en que el tiempo pasa y los nuevos barrios se están desarrollando mientras el recurso contra la sentencia sigue en el Tribunal Supremo. "¿Qué pasará si dentro de cuatro años el Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior y las casas ya están en pie?", se preguntaba Félix Arias cuando el Supremo admitió el recurso del Consistorio y del Gobierno regional el pasado mes de abril.