La Generalitat desbloquea el consorcio del Ebro y modifica sus funciones

El Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE) vuelve a estar vivo, después de que la Generalitat haya nombrado a sus representantes en los órganos de dirección de este ente, creado tras un acuerdo entre el PP y CiU para compensar económicamente a las comarcas del Ebro si se realizaba el trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado con los votos de estos dos partidos y derogado por el nuevo Ejecutivo socialista. El Gobierno central debe ahora nombrar a sus representantes.

Este consorcio gestionará los fondos de cohesión de la Unión Europea (UE) que en un principio el Gobierno de José María Aznar quería destinar a financiar parte del trasvase hacia el norte (unos 205 millones de euros), en lugar de los 500 millones que prometió el PP para estas comarcas. "La gente de estas tierras dijo bien claro que no quería vender el agua a cambio de dinero", señaló el delegado de la Generalitat, Lluís Salvadó (ERC), que integrará la ejecutiva de un consorcio que únicamente financiará proyectos concretos.

Si el CPIDE anterior era, según Salvadó, una "repartidora", el actual financiará obras de consolidación del río, como la recuperación para el delta de los sedimentos que ahora se quedan en los embalses, la mejora del bosque de ribera y de la calidad de las aguas, o la limpieza del pantano de Flix (Ribera d'Ebre).

De esta forma, la Generalitat desbloquea un consorcio paralizado desde el final de la legislatura pasada coincidiendo con el alejamiento entre CiU y el PP, aunque para que sea operativo hace falta que el Ejecutivo central nombre a sus representantes. Entre otras propuestas, sobre la mesa del CPIDE están el cambio de nombre y la búsqueda de fondos alternativos a los de la UE para poder ampliar el número de actuaciones.