Cooperación legal

Un equipo de abogados vascos está preparando una demanda judicial para conseguir la recuperación de las tierras para los cuatro pueblos indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. El pleito, todavía en proyecto, depende de la financiación de las instituciones vascas y cuenta con el apoyo de la Confederación Indígena Tayrona, que agrupa a cuatro grupos indígenas de la sierra colombiana. Impulsada por las ONGs vizcaína Zeruko Umeak y la guipuzcoana Bizi Hitzak, la iniciativa judicial pretende llevar la reivindicación territorial indígena hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuatro pueblos -los arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo- pueblan desde hace siglos la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso de gran riqueza ecológica, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. La población total de la sierra es de 53.000 personas, de las que 23.000 son arhuacos. La colonización, primero, la ocupación de tierras por terratenientes, después, y la confluencia de paramilitares, guerrilla y ejército luchando por el control del territorio han convertido la vida de estos pueblos indígenas en un infierno y la paradisiaca sierra, en un lugar muy peligroso.

"No quieren sus tierras sólo en sentido material; para ellos son lugares sagrados"

Allí fue secuestrado el guipuzcoano Asier Huegun, que permaneció más de dos meses en poder del ELN (Ejército de Liberación Nacional), el segundo grupo guerrillero de Colombia. Los continuos enfrentamientos armados han ido desplazando a los indígenas hasta las zonas más altas y menos productivas de la sierra, de una altura máxima de 5.775 metros.

En 1973 el Gobierno de Colombia reconoció la Reserva Indígena Arhuaca y diez años después, legalizó el Resguardo Iku, -delimita las 195.000 hectáreas de los departamentos de César y Magdalena que pertenecen a los indígenas-, pero sólo es papel mojado. En realidad, los indígenas se han visto obligados a comprar sus propias tierras, ocupadas ilegalmente por colonos. "Los arhuacos destinan el 80% del dinero que reciben del Gobierno a la compra de predios. Ahora hay muchos colonos dispuestos a vender sus tierras a los indígenas por la dramática situación que se vive en la sierra", asegura Marita Amiano, de la ONG de Gernika Zeruko Umeak. El año pasado, esta asociación consiguió subvenciones de los ayuntamientos de Gernika, Irún, Oñati y Arbizu y donaciones particulares con las que los arhuacos pudieron comprar 98 hectáreas de terrenos productivos. Amiano destaca la importancia de la recuperación del territorio para estos pueblos. "No quieren sus tierras sólo en un sentido material; para ellos son también lugares sagrados", precisa.

Zeruko Umeak y Bizi Hitzak llevan desde 2000 apoyando la compra de tierras pero recientemente han acordado, junto a las poblaciones indígenas afectadas, iniciar una nueva vía de recuperación territorial: la judicial. El primer paso para conseguir llevar esta reivindicación hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produjo en octubre pasado. Con una subvención del ayuntamiento de Gernika, las ONG's enviaron a dos abogados -uno de ellos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto- a la zona para que tomaran contacto con la realidad de las poblaciones indígenas. "Los abogados hablaron con la Confederación Indígena Tayrona, a la que presentaron el proyecto judicial, que fue aprobado por unanimidad", subraya Amiano.

El plan acordado entre las ONG y los arhuacos, kankaumos, wiwas y koguis prevé presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano, que actúa como una fiscalía, y los países miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) son los únicos que pueden presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).

La idea es basar el pleito en la pionera sentencia de Awas Tingui (Nicaragua), dictada en septiembre de 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que marcó un nuevo rumbo en la protección de los derechos colectivos indígenas. La denuncia, interpuesta en junio de 1998 por Jaime Castillo, síndico de la comunidad indígena Mayagna, llegó hasta tribunal, que falló a favor de los indígenas, condenando al Estado nicaragüense a delimitar y devolverles la propiedad de las tierras. La sentencia obligó además a Nicaragua a invertir 50.000 dólares en obras y servicios destinados al pueblo Mayagna y a indemnizarles con 30.000 dólares.