El 80% de las obras de construcción en Madrid sufre extorsiones

Entre el 80% y el 90% de las obras de construcción de Madrid sufre la extorsión de bandas que obligan a las empresas a contratar sus servicios de seguridad. Si no lo hacen, les roban y destrozan sus equipos. El delegado del Gobierno, Constantino Méndez, dio ayer este dato tras anunciar la desarticulación de una organización que extorsionaba a más de 30 empresas que trabajan en la ampliación del aeropuerto de Barajas.

Uno o dos miembros de estas bandas contactan con el encargado de una obra y le ofrecen sus servicios de seguridad para proteger la construcción durante la noche. Si el encargado se niega, a los pocos días la obra sufre un robo o algún percance. Acto seguido, regresan las mismas personas para volver a ofrecerse como vigilantes nocturnos. Contratados, la obra no vuelve a sufrir ningún percance, a no ser que la organización quiera negociar una subida en el precio. Esta historia, calcada de cualquier película de gánsteres, podrían estar sufriéndola los responsables del 80% o el 90% de las obras de construcción de toda la región, según admitió ayer el delegado de Gobierno en Madrid, Constantino Méndez.

Teniendo en cuenta que la construcción es uno de los sectores que más dinero generan en Madrid, se puede tener una idea de la magnitud de estas mafias. La cifra de obras de edificación de nuevas viviendas del primer trimestre de 2004 fue de 18.947 actuaciones, según los datos del Ministerio de Fomento. Si las bandas cobran entre 1.200 y 2.500 euros mensuales, éste supondría un negocio ilegal que mueve, aproximadamente, entre 20 y 40 millones de euros al mes.

Las cifras de tarifas de estas bandas están tomadas de lo que presuntamente cobraba una organización que extorsionaba a más de 30 empresas del denominado Plan Barajas. La banda ha sido desarticulada por la Guardia Civil, según dieron ayer a conocer el delegado de Gobierno y el coronel de la de la Guardia Civil José Navarro. Esta operación, en la que el cuerpo armado detuvo a 10 personas, supone el primer paso para erradicar "una práctica histórica" en la región, según afirmó ayer Méndez

Antecedentes policiales

Entre los detenidos hay siete españoles, uno de ellos J. S. M., Pepe el Patriarca, de 48 años, presunto cabecilla de la banda, y tres marroquíes. Todos ellos tienen antecedentes policiales y ya han sido puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil explicó ayer que, una vez que conseguían ser contratados, un vigilante vinculado a esta organización, normalmente un inmigrante sin papeles, empezaba a trabajar a cambio de unos 460 euros al mes. Éstos desarrollaban su labor en una furgoneta o en una caseta en la que vivían en condiciones infrahumanas.

Méndez conminó a todos los responsables de las constructoras a que denuncien estos hechos. Hace un año, este periódico publicó que tanto los constructores, los jefes de obra y los aparejadores, como Guardia Civil y policía reconocían la existencia de estas prácticas, pero coincidían en que el problema era que los extorsionados no lo denunciaban.

La Asociación de Empresas Constructores de Ámbito Nacional (Seopan) no va a hacer declaraciones al respecto hasta que no conozcan los detalles de la investigación.