Agricultura recurre esta semana las normas sobre el sector del algodón

El Gobierno español ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del algodón aprobada el pasado mes de abril en Bruselas. Este recurso, ya anunciado, ha sido impulsado fundamentalmente por las organizaciones agrarias, industrias desmotadoras y Junta de Andalucía y asumido por el Ministerio de Agricultura. Administración y sector coinciden en señalar sus temores ante la posibilidad de que la aplicación de esta reforma pueda suponer el abandono de miles de hectáreas de superficies de cultivo y acarrear problemas en el empleo y la economía en general de las zonas afectadas. España reclama que, si se admite a trámite, quede sin efecto la aplicación de la reforma aprobada hasta la resolución final del proceso.

El recurso español contra la reforma se basa en que la regulación aprobada va contra el contenido del protocolo del Tratado de Adhesión de Grecia, donde se contempla una ayuda a la producción del algodón para apoyar su cultivo en zonas con gran dependencia económica. Igualmente se considera que el Consejo tendría capacidad para modificar una determinada regulación, pero no para su derogación, en tanto que eso supondría eliminar las ayudas a la producción. La reforma obliga exclusivamente al agricultor a que el cultivo llegue a la fase de apertura de cápsulas. Para cumplir esta obligación, el coste de cultivo sería de sólo 599,10 euros por hectárea, frente a una ayuda desvinculada de la producción de 1.039 euros, por lo que se teme que ello pueda provocar la desaparición de las siembras.

90.000 hectáreas

La reforma aprobada contempla la desvinculación del 65% de las ayudas de la producción y la aplicación de una subvención de 1.039 euros por hectárea para 70.000 hectáreas. En España, el algodón supone una superficie de unas 90.000 hectáreas, la mayor parte en Andalucía. Se trata de un cultivo, según el estudio sobre el impacto de la reforma elaborado por Agricultura, que supone el 4,12% de la producción final agrícola andaluza, que ocupa a unos 10.000 productores. De ellos, el 62% tiene menos de 10 hectáreas y genera anualmente 1,5 millones de jornales. Por su parte, la industria desmotadora la componen 24 empresas con casi 3.000 empleos directos y 1.000 indirectos.

Frente al precio mínimo actual para 249.000 toneladas de 100,99 euros por 100 kilos de algodón bruto, el sector teme que la reforma sin un precio asegurado y con ayudas de 1.509 euros por hectárea desvinculada y de 1.039 euros como ayuda vinculada a la producción pueda suponer el abandono del cultivo. Para la Administración, se considera que con la actual situación de cupos y cuotas es imposible en esas superficies el desarrollo de otras producciones hortícolas como tomate o maíz.