El Instituto de Derechos Humanos de Deusto censura la exclusión de la mujer, los inmigrantes y la incomunicación

El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto censura en su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Euskadi la legislación que impide a los inmigrantes una participación e integración normalizadas en la sociedad. Y censura, además, lo que consideran "situaciones de riesgo" que les exponen "especialmente a la vulneración de derechos humanos" en lugares como los puertos, aeropuertos y los centros de detención, según explicó ayer durante la presentación del informe el director del instituto Eduardo Ruíz de Vieytez. El documento analiza otros dos asuntos en los que se producen violaciones de los derechos humanos: la desigualdad en aspectos relacionados con la mujer y la violencia de ETA y la respuesta ilegal del Estado.

El documento recoge de manera prolija las publicaciones que sobre estas tres materias se han venido publicando por instituciones neutrales como el Consejo de Europa (Comité para la Prevención de la Tortura), Naciones Unidas o la Declaración y Plan de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrado en Beijing en 1995, entre otros.

En el caso de las políticas de género, el Instituto de la Universidad de Deusto critica que ni para el Gobierno central ni las administraciones autonómicas "parecen constituir una prioridad, y así se refleja en las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de las mismas".

El terrorismo forma parte de las prioridades del estudio. Y en él se denuncia tanto el terrorismo de ETA, como la denominada violencia de persecución contra los amenazados. Pero se incide también en las violaciones de los derechos humanos producidas a consecuencia de la "lucha institucional" contra el mismo: básicamente la tortura. El informe pide expresamente que el Gobierno central acabe con la incomunicación de los detenidos por motivos terroristas, algo que vienen solicitando todos los organismos internacionales que periódicamente incluyen a España entre los países en los que se tortura a los detenidos. También se recoge la petición del acercamiento de los presos a sus lugares de residencia y una política de reparación con las víctimas del terror.