El comité de Caballito da marcha atrás y acepta el arbitraje del Gobierno para intentar poner fin a la huelga

El comité de empresa de la planta vitoriana de multinacional alemana Pferd Ruggeberg, más conocida como Caballito, quiere poner fin a una huelga que va a cumplir su noveno mes. Modificando la postura mantenida hasta ahora, el comité acordó ayer convocar para el próximo martes a los 235 trabajadores de la plantilla, no sólo a los 140 en huelga, a una asamblea general que tendrá que decidir el camino para solucionar el conflicto. Así mismo, acepta someter el conflicto a un arbitraje. Hasta ayer mismo, en que se volvió a reunirse con la consejería de Empleo, el comité de huelga se había cerrado en banda a la intervención de un arbitro. Al mediodía, el negociador de ELA, Pablo Gutiérrez, explicó en nombre del comité que están dispuestos a aceptar un sistema mixto en el que un mediador aborde los temas en los que hay posibilidades de acuerdo y después sea un árbitro el que resuelva los desacuerdos.

El comité no quería esta fórmula porque un arbitro "no puede pastelear" y llegar a soluciones de compromiso que no se atengan estrictamente a la legalidad. Es decir no puede obligar a la vuelta de los despidos objetivos que se han producido durante todo este tiempo y, como mucho, podría sugerirlo. Dos empleadas fueron despedidas antes del conflicto por el convenio y están a la espera de resolución en el Supremo. Hay cuatro despedidos durante la huelga y otros dos sancionados más.

La opción del arbitraje es la que reclamaba la empresa, ya que podría incluso avalar un expediente de regulación de empleo si existieran causas. El problema es que a la empresa, líder mundial discos abrasivos, desconfía de la neutralidad del departamento de Empleo que dirige Azkarraga. Esa vía de solución mixta, mediador y árbitro, será una de las opciones que tendrá que votar la asamblea. La segunda es el documento que UGT pactó con la empresa el pasado 2 de julio y en el que se plantea un convenio para cuatro años, con una subida del IPC en 2003, del 115% del IPC de ese año para el actual, y del 120% para 2005 y 2006, respectivamente, además de una reducción de 16 horas hasta las 1.717, ocho menos que la media del sector del metal de Álava. El problema es que el compromiso que incorpora por parte de la empresa de mantener el empleo hasta 2006 deja la puerta abierta a un expediente de regulación de empleo si se demuestre "la existencia de un excedente de plantilla concreto".

En ese caso se establece un mecanismo de bajas incentivadas y prejubilaciones, y sólo agotado ese procedimiento sería factible un expediente de regulación de empleo. También prevé la retirada mutua de cuantas reclamaciones se hayan efectuado por incidentes durante la huelga.

"Pido a los trabajadores que sean coherentes el martes en la asamblea", dijo Gutiérrez, "porque no estamos dispuestos a entrar rendidos a la planta".