Bono recuerda a Dezcallar y Saiz su obligación de guardar secreto ante el Congreso

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reveló ayer que el director del CNI, Alberto Saiz, y su antecesor, Jorge Dezcallar, han "preguntado" al ministro de Defensa, José Bono, por las limitaciones legales de su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre el 11-M, que les ha citado para el lunes. Bono, según Fernández de la Vega, "les ha contestado con la ley en la mano. La ley establece lo que es secreto y, por lo tanto, [deben ceñirse a un] cumplimiento estricto de la legalidad".

La Ley Reguladora del CNI, de mayo de 2002, afirma que "las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto".

La definición es tan amplia que los responsables del CNI no pueden hablar prácticamente de ningún asunto sin incurrir en un delito de revelación de secretos. Por eso, según las fuentes consultadas, Dezcallar pidió asesoramiento jurídico a Bono. El ex director del CNI quería contar con un informe escrito que fijase los límites de su declaración.

Incluso se planteó la posibilidad de que el Consejo de Ministros aprobase ayer un acuerdo que habilitase a Dezcallar para declarar ante la comisión. Fuentes de La Moncloa explicaron que este acuerdo sólo tenía sentido si el propósito era liberarlo de la obligación de guardar secreto pero, en caso contrario, no tenía sentido, pues el acuerdo debería limitarse a reproducir lo que dice la ley y esto resulta innecesario.

Desclasificar personas

Las mismas fuentes agregaron que, hasta ahora, sólo hay precedentes de desclasificación de documentos, pero no de personas, como sería el caso. Dezcallar se enfrenta así al dilema de asumir él mismo la responsabilidad de decidir qué puede decir.

Lo que es seguro es que el ex jefe del centro de espionaje y actual embajador en el Vaticano no podrá referirse a los 20 documentos del CNI que fueron examinados el martes por la comisión del 11-M en sesión secreta. Aunque su contenido se ha filtrado a los medios de comunicación, legalmente siguen clasificados, por lo que Dezcallar no podrá contestar preguntas sobre ellos.

Los únicos informes desclasificados -el 18 de marzo por el Gobierno en funciones de Aznar- son uno del 11-M, que daba por "casi segura" la autoría de ETA, y otro del 12 sobre la reivindicación del atentado en un diario árabe de Londres.

Aunque también Saiz ha consultado a Bono, el actual director tiene poco que contar, pues llegó al cargo el 19 de abril.