La SEPI contempla la venta de algún astillero para atajar la crisis
El Gobierno remitirá hoy sábado a la Comisión Europea (CE) una primera aproximación al plan de futuro de Izar, según anunció ayer el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El Ejecutivo comunitario había dado de plazo hasta el 17 de julio para que el Gobierno español explicara cómo piensa devolver los 308 millones de euros dados a Izar en 1999 y 2000, que la CE considera ayudas ilegales.
La SEPI, que controla Izar, considera que el futuro de este grupo, hay que verlo en un plan industrial que contemple varios elementos y, entre ellos, uno es la venta de algún astillero al sector privado. El futuro de Izar es muy complicado y eso lo deben saber los responsables de la empresa y los sindicatos. La multa impuesta por la Comisión Europea pone contra las cuerdas a la empresa pública, cuyos recursos propios se sitúan en unos 270 millones de euros. Si la empresa abona la multa de 308 millones (que se sitúa en los 370 millones con intereses), estaría en quiebra técnica con un déficit de recursos propios de 100 millones de euros.
El problema es que la Comisión, al aprobar el Plan Estratégicos de Competitividad (PEC) de 1997, que autorizó ayudas por valor de 1.200 millones de euros, puso como condición inexcusable que fueran las últimas ayudas públicas, de manera que las únicas que pueden aportarse ahora son para el cierre de alguna planta.
Nuevas multas
No obstante, la empresa en 1999 fusionó Astilleros Españoles (civiles) con Bazán (militares) para crear Izar en una operación que creó dudas contables y que en las próximas fechas puede poner una nueva multa por este motivo de unos 600 millones. Hay varios expedientes que pueden elevar la multa a un mínimo de 1.100 millones.
Llueve sobre mojado para los astilleros, una empresa que lleva casi cuatro años sin recibir nuevos pedidos y que cuenta con un sombrío panorama al no poder competir en precio con los astilleros europeos y mucho menos con los coreanos. A mediados de mayo, el Gobierno creó una comisión interministerial, encabezada por el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, para dar respuesta a la obligación de devolver las ayudas y garantizar la continuidad de Izar. Martínez Robles tiene previsto comparecer en el Congreso para exponer el contenido del plan.
La SEPI considera que el futuro de la empresa es muy complejo porque hay centros en los que ni siquiera los nuevos pedidos garantizan la viabilidad. El anterior Gobierno se había comprometido a la construcción de seis buques gaseros que, a juicio del actual Gobierno, hubieran elevado las pérdidas.
