Bruselas pide a España que elimine la actual 'acción de oro' que el PP dejó en varias empresas

La Comisión Europea considera ilegal también la nueva acción de oro que el Gobierno del PP ideó para acabar con la fórmula precedente y que fue condenada por el Tribunal de Justicia europeo. Para Bruselas, el nuevo sistema que permite al Gobierno mantener un cierto control de las grandes empresas privatizadas, que obliga a notificar las operaciones más importantes de la empresa, es tan inadecuada como la anterior (que imponía una autorización).

Los servicios del comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, instaron ayer a España a que se adapte a los principios de la libre circulación de capitales y a la sentencia del tribunal europeo. El Gobierno del PP introdujo los cambios sobre la acción de oro en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto en diciembre pasado. Con ellos, las grandes empresas privatizadas ya no tienen que obtener la autorización previa del Ejecutivo para realizar determinadas operaciones, como adquisición de acciones, la fusión o la disolución, basta con notificarlas.

Las compañías obligadas por esta normativa son Repsol YPF (hasta febrero de 2006), Telefónica (hasta febrero de 2007), Endesa (hasta junio de 2007), Indra (hasta marzo pasado prorrogable dos años) e Iberia (hasta abril de 2006). El órgano competente tiene hasta tres meses para oponerse a los acuerdos que le sean notificados.

Con este cambio normativo, el PP consideró que se acataba la sentencia del Tribunal de Justicia, pero la Comisión no lo ve así. Como si no hubiera habido cambio alguno en la legislación española, Bruselas publicó ayer un documento en el que desgranaba los principales puntos de dicha sentencia (de mayo de 2003): "El Tribunal no aceptó que, en el caso de Tabacalera y Argentaria se justificase la legislación por razones de interés general ligadas a exigencias estratégicas" y respecto a Repsol YPF, Endesa y Telefónica, recuerda que, para los jueces, era desproporcionado que la Administración dispusiera de tan amplia facultad discrecional y que no se permitiera a los inversores conocer las circunstancias específicas y objetivas en las que se concede o deniega la autorización, entre otras cosas. Porque tampoco el hecho de que la acción de oro se contemple como una medida transitoria ha convencido al tribunal.

Ayer el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, adelantó que estudiará el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por este hecho y que tratará de dar "satisfacción" a los requerimientos planteados por Bruselas en este asunto.