Las adopciones realizadas por catalanes en el extranjero se duplican en tres años

El número de adopciones internacionales en Cataluña ha crecido desde 558 en 2000 hasta 1.042 el año pasado, de acuerdo con datos de la Federación de Asociaciones para la Adopción (FADA). Así, las internacionales son 10 veces superiores a las nacionales. Las solicitudes han seguido una progresión parecida: desde las 1.660 de hace tres años hasta rozar las 3.000 en 2003.

En opinión del vicepresidente de FADA, Roberto Pili, la cifra de adopciones habría aumentado hasta 1.400 de no haber impuesto China, el primer punto de origen, un cupo de 480 expedientes para toda España en 2002. La supresión de este límite hace prever otro aumento considerable en 2004. Entre enero de este año y el pasado 30 de abril se había cursado el mismo número de solicitudes de adopciones en China que en todo el año pasado.

Debido al cupo, las adopciones en el país asiático descendieron el año pasado

a 223, por debajo de Rusia, que con 438 es el origen de más adoptados. Les siguen ya muy lejos Ucrania (76), Colombia (65) y Etiopía (54). Pili señaló la necesidad de que la legislación estatal estimule la entrada de otros países en la lista. La falta de un tratado bilateral con Vietnam, señaló, impide que muchos menores lleguen a España. "El anterior Gobierno del PP tuvo muy poco interés en firmarlo", señaló.

La presentación del informe sirvió a Anna Maria Osa, presidenta de FADA -que agrupa a 11 asociaciones y 5.000 familias-, para pedir a la Generalitat "una mayor voluntad política". La organización recordó que en Cataluña el informe psicosocial de idoneidad cuesta 932 euros y el proceso se demora entre seis y ocho meses, en contraste con otras comunidades autónomas en las que es gratuito y se tramita en dos meses.

La organización sostiene que el acentuado perfil "biologista" de la legislación entorpece la adopción. "Basta con que un familiar llame por teléfono una vez al niño al centro de acogida para que éste ya no se pueda adoptar", afirma Pili, que se inclina porque la ley imponga un límite temporal para que las familias solucionen los problemas con el menor, más allá del cual sería puesto en adopción.

En contra de la opinión de la consejera de Bienestar Social, Anna Simó, la asociación cree que hay un vínculo evidente entre el aumento de la inmigración y el de casos de madres que dejan a sus hijos en hospitales por no poder mantenerlos. "Es algo que hemos visto en los últimos ocho años", aseguró Pili.