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El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el 78% de los contratos de Vizcaya

Reprocha a la Diputación la excesiva concesión de ayudas directas

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha detectado deficiencias en más del 78% de los contratos adjudicados por la Diputación de Vizcaya durante 2002 y que ha examinado en su informe sobre ese ejercicio. El estudio concluye que de los 37 expedientes estudiados, por un importe de 68 millones de euros, sólo ocho no tienen ninguna anomalía. El tribunal reprocha también el uso de la vía excepcional -sin publicidad ni concurrencia- en la concesión de subvenciones por importe de 93 millones de euros.

El informe del órgano que fiscaliza la actividad de todas las instituciones y administraciones vascas ha vuelto a constatar el retroceso en el cumplimiento de la legalidad en las contrataciones por parte de la Diputación vizcaína. Después de las mejoras registradas en la década pasada, la auditoría de 2001 ya detectó deficiencias en 21 de los 68 expedientes estudiados entonces.

Ahora las anomalías se han ampliado hasta 31 de los 37 contratos analizados por el tribunal durante el ejercicio de 2002. De ellos, en cuatro expedientes, que suman 1,6 millones de euros, se limita la concurrencia de ofertas sin razones convincentes o se pide una sola propuesta "aduciendo emergencia, circunstancia que no se justifica suficientemente", señala. La mayoría de estos expedientes son redacción de proyectos de carreteras, salvo un caso de una obra: la mejora de la calzada de la autopista A-8, a su paso por Bilbao, en las llamadas curvas de Zorroza.

Criterios de valoración

Las deficiencias más comunes en las contrataciones, según el estudio, se refieren a criterios de valoración sobre la inclusión de mejoras sin especificarlas o que se tenga en cuenta el equipo profesional y material de los licitadores, un aspecto que el tribunal señala que puede utilizarse para admitir a los aspirantes a la adjudicación pero no para la valoración final de la oferta. Junto a ellas se señalan los retrasos en la ejecución de las obras sin que se ajusten las partidas presupuestarias para ello. El informe detecta seis contratos que sobrepasaban los plazos máximos de 60 días para formalizar la adjudicación.

Del informe si se desprende que la adjudicación de obras o servicios sin publicidad ni concurrencia, que hasta hace unos pocos años era una de las principales irregularidades, se mantiene en casos aislados.

El Tribunal de Cuentas critica que la institución foral vizcaína utilice con mayor frecuencia de lo exigible la concesión de subvenciones sin cumplir los principios de publicidad y concurrencia. La auditoría ha detectado que esta vía se empleó en 2002 en ayudas por 93 millones de euros, de las que un 30% corresponden a entes locales, un 38% a los contratos con las empresas operadoras del Bizkaibus y un 24% a entidades que prestan servicios sociales. "La Diputación debería limitar el uso de la vía excepcional y justificar exhaustivamente los motivos por lo que se estima necesarios prescindir de los principios de publicidad y concurrencia", expresa.

Entre las subvenciones concedidas, destaca los tres millones de euros para la incineradora de basuras Zabalgarbi, en la que la Diputación tiene el 20% del accionariado. El tribunal pide que se concreten los compromisos con Zabalgarbi y que se tramite el expediente de gasto plurianual.

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