El juez sobresee la denuncia del fiscal contra el alcalde de Pinto
El Juzgado de Instrucción 2 de Parla ha sobreseído provisionalmente la denuncia que interpuso el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, contra el alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández González, y otras 15 personas por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El juez archivó a fines de mayo la denuncia contra 15 de los 16 denunciados (aparte del alcalde, varios ediles), pero la mantuvo abierta respecto al regidor, porque éste pidió prestar declaración al respecto, lo que hizo el pasado 29 de junio.
Similares argumentos que empleó el juez entonces para sobreseer la denuncia respecto de 15 de los 16 denunciados, los mantiene ahora al archivar definitivamente las pesquisas en lo que respecta al alcalde. El juzgado archiva el caso al entender que, de lo actuado, no cabe deducir imputación de hechos punibles concretos respecto de ninguno de los denunciados. El juzgado reprocha al fiscal que no acudiese a la declaración que prestó el alcalde el 29 de junio y que no haya concretado los delitos y a qué personas se los imputaba. Asegura que la denuncia "carece de base probatoria concreta" y subraya que el fiscal "ni siquiera ha examinado" los documentos sobre contrataciones de obras aportados por el Ayuntamiento a petición del juzgado y del fiscal.
Asimismo, deja entrever, respecto a la ausencia de pruebas, que la denuncia se fundamenta "en fotocopias de recortes de prensa" y que "ni siquiera seis de los 16 denunciados" por el fiscal fueron interrogados por éste en sus diligencias previas a la interposición de la denuncia.
En su declaración ante el juez, el alcalde señaló que tiene delegadas las competencias urbanísticas en la comisión de gobierno, y que desde 1995 no ha ido a las reuniones de la comisión, salvo a unas siete de las 400 celebradas. Añadió que en esos años él no ha aprobado ningún expediente contra el criterio del Secretario del Ayuntamiento y los técnicos.
Vía contenciosa
Al juez le llama la atención el hecho de que se diga en la denuncia que un 90% del total del gasto en contratación efectuado por el Ayuntamiento en estos años haya sido irregular y que "no haya existido ninguna reclamación respecto de la misma en la vía contencioso-administrativa".
El fiscal atribuye al alcalde el haber beneficiado con contratos de obras municipales al técnico Francisco Blanco y que éste, a cambio, enriqueció a dos hermanos de regidor mediante donaciones encubiertas de bienes; entre ellos, una finca con un chalé en su interior. El juez insiste al respecto en que el fiscal no concreta la acusación "ni aporta indicios" de ello. "Son vagas afirmaciones sin base probatoria concreta alguna, y no está determinada" la relación entre el alcalde y las supuestas donaciones encubiertas. Además, señala que esas operaciones, "carentes de base probatoria", se habrían hecho en otras demarcaciones judiciales.
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